Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) señala que, aunque el discurso oficial del partido Morena tiene una narrativa de justicia histórica hacia los pueblos originarios, en los hechos se contradice con la iniciativa de Ley General de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (LGDHPIA), que busca subordinar la autonomía a la burocracia centralizada y mantener los territorios abiertos a la explotación extractiva e hidrocarburífera de la agenda nacional.
El integrante del OIM, Juan Felipe Cisneros Sánchez, consideró en relación al Primer Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y el comunicado en torno al mismo del Comité Ejecutivo Nacional del partido que apela a una narrativa de justicia histórica, resarcimiento de agravios ancestrales y “escucha fraterna”, pero contrasta fuertemente con el proceso de consulta de esta iniciativa, realizado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Asimismo, apuntó a que este discurso del partido en el poder funciona como un dispositivo de legitimación política e ideológica que busca maquillar una reforma secundaria regresiva antes de su ingreso inminente al Congreso de la Unión este 12 de octubre.
“Existe una contradicción insalvable entre las palabras de ‘escucha y acompañamiento’ y los actos del Estado, pues mientras el discurso partidista proclama la emancipación indígena, el articulado legal propuesto busca administrar el conflicto social, subordinar la autonomía a la burocracia centralizada y mantener los territorios ancestrales abiertos a la explotación extractiva e hidrocarburífera de la agenda nacional”.
El activista agregó que el proceso de consulta ha sido de todo menos libre, previo, informado, de buena fe y culturalmente adecuado, pues por más que quieran convencer a la opinión pública, la consulta ha sido instrumentada bajo una metodología de simulación.
Respecto al documento de trabajo de la LGDHPIA, destaca que lejos de garantizar un ejercicio autónomo incondicionado, la propuesta subordina la personalidad jurídica a candados registrales, padrones y dictámenes de acreditación emitidos por dependencias del Ejecutivo federal como el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Convertir un derecho preexistente y constitucional en un trámite administrativo sujeto al visto bueno burocrático reinstaura un modelo de indigenismo de Estado y tutelaje paternalista, impidiendo que la autonomía sea un poder público plenamente auto organizado”.
De igual forma, Cisneros Sánchez subrayó que la propuesta legislativa elude deliberadamente el reconocimiento del concepto holístico de “territorio e integridad biocultural”, con lo que restringe el espacio indígena a la tenencia agraria de polígonos ejidales o comunales.
Además, al no reformar el artículo 27 constitucional, el régimen de propiedad del subsuelo y las aguas continúa bajo el dominio originario de la nación, y esto deja a las comunidades desprotegidas e indefensas ante los megaproyectos extractivos de la agenda energética y de infraestructura, la exploración de gas no convencional por medio del fracking, la minería a cielo abierto, los gasoductos y el trasvase del acueducto Pánuco–Cerro Prieto.
Puntualiza que el texto de la LGDHPIA perpetúa la figura de la “utilidad pública” para justificar el despojo, sustituyendo el derecho a la devolución de tierras por indemnizaciones económicas, esto en el artículo 108.
El activista reiteró que el proceso de consulta del INPI se caracterizó por la imposición, la prisa y el quebrantamiento de las normas comunitarias. Además, pretender “consultar” e imponer una normativa de 453 artículos técnicos entre 16,728 comunidades del país en un lapso de solo 34 días invalida cualquier pretensión de deliberación informada.
A ello se suma que el gobierno impuso la figura ilegal de las “asambleas regionales”, acotando la representación a solo dos delegados por comunidad, para suplantar a la Asamblea General Comunitaria, que es la máxima autoridad de decisión en los sistemas normativos internos; y que las listas de asistencia fueron utilizadas instrumentalmente para simular una aprobación que los pueblos han rechazado formalmente.
Finalmente, agregó que el discurso oficial promete la protección y garantía amplia de los derechos de ejercicio autónomo y patrimonio propio; sin embargo, en materia hacendaria, la propuesta legislativa degrada la autonomía financiera a una política de “transferencias y subsidios condicionados a la disponibilidad presupuestaria”.
Detalla que lejos de reconocer asignaciones presupuestales constitucionales directas, irreductibles y autogestionadas para las Tesorerías Comunitarias, los transitorios octavo y noveno imponen candados de “movimientos compensados cero”, al tiempo que los transitorios segundo y décimo blindan y dejan intocadas las leyes sectoriales extractivas y los megaproyectos en curso.
“Como en tiempos del PRIAN, hoy Morena realiza encuentros para disfrazar la simulación y la imposición de una Ley que no ha tenido consenso por ser regresiva”, concluyó.
