Estela Ambriz Delgado
La Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) informó que, ante la urgencia de una planeación democrática y socialmente participativa de la transición hacia las energías renovables, a fin de extinguir la posibilidad de extracción de hidrocarburos mediante fracking en la región, iniciará la realización de talleres sobre energías renovables este 17 de octubre en Xilitla.
La organización indicó que, para dar continuidad a las actividades de información, organización y articulación social en la cuenca Tampico-Misantla, como fue acordado en el 7.º Foro No al Fracking: en Defensa del Territorio, el Agua y la Vida, se realizará el primer taller con directivos y jóvenes de organizaciones sobre viabilidad técnica y económica del uso de la tecnología de energía solar para comunidades indígenas.
En este se busca crear un mecanismo que permita construir propuestas alternativas, orientadas a lograr la soberanía energética mediante energías renovables, al mismo tiempo que el compromiso de prohibir el fracking en la Huasteca potosina y en la cuenca hidrocarburífera Tampico-Misantla se traduzca en un decreto presidencial, así como sumar esfuerzos para avanzar en la prohibición constitucional a escala nacional de esta devastadora técnica.
“Si este esfuerzo hoy recae en la propia sociedad civil y en comunidades indígenas, lo justo es que ello se transforme en política de Estado, por lo que es necesario el diálogo con el gobierno federal”.
Detallan que el proceso será acompañado por una serie de eventos informativos y de toma de acuerdos con los actores sociales y comunitarios de las huastecas potosina, veracruzana, hidalguense y tamaulipeca, así como en la zona del Totonacapan del centro de Veracruz y Sierra Norte de Puebla, cuyas porciones territoriales conforman la cuenca hidrocarburífera Tampico-Misantla.
Además, de conformidad con los acuerdos del séptimo foro, se mantendrá la comunicación y coordinación con los actores sociales y colectivos de Alianza Mexicana contra el Fracking en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila para frenar dicha técnica en sus regiones.
Respecto a la dependencia energética de los hidrocarburos, precisan que la posición expansionista y neocolonial del gobierno estadounidense y las empresas transnacionales (cuyo objetivo es someter a los países latinoamericanos para apoderarse de sus recursos naturales), así como los trastornos que el uso de combustibles fósiles acarrea al planeta, exigen un amplio acuerdo nacional para transitar de manera ordenada y decidida hacia el uso de energías renovables y reducir las emisiones de carbono.
La CAAHP explica que ello implica disminuir de forma gradual e inequívoca el uso del gas y petróleo, hacer realidad un decreto de prohibición del fracking en la cuenca Tampico-Misantla y encaminarse hacia la prohibición constitucional de esta devastadora técnica a escala nacional.
“Tal política debe orientarse a satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad, por lo que debe involucrar, desde su diseño hasta su instrumentación, a los pueblos y comunidades indígenas, a los núcleos agrarios, a los diversos sectores organizados de la sociedad rurales y urbanos, a las universidades y al sector público. Por ello, deben destinarse recursos públicos, sobre todo para implementar sistemas de uso de energía solar, eólica, biomasa e hidráulica de acuerdo con las condiciones de cada región o microrregión del país”.
Puntualizan que se trata de avanzar aceleradamente en dejar de depender del gas de Estados Unidos que desde Galveston, Texas, se conduce por el Golfo de México a Ozuluama, Veracruz (que hoy ronda en un 75 por ciento), y simultáneamente avanzar soberanamente en la producción de energías renovables.
Esto implicaría aumentar considerablemente el gasto público en energías renovables, sobre todo en el sector social y público, habida cuenta de que esa tendencia se hace evidente en distintas regiones del país y sobre todo en comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla, Tabasco y Michoacán.
Finalmente, hacen mención de que la coordinación con las redes nacionales como la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua y la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia, entre otras, se mantendrá firme para el impulso de un nuevo modelo de desarrollo nacional basado en la protección de los derechos humanos, los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, la protección de los ecosistemas y de la vida.
“En México, la amenaza de implantar el fracking existe por presiones externas e internas de los grupos económicamente poderosos, pero la defensa de la soberanía nacional va de la mano con las exigencias de los pueblos y de la sociedad, por lo que esperamos que el gobierno federal cumpla sus compromisos con el pueblo de México”.
