Por Victoriano Martínez
“Hace dos meses que se autorizó a Hoganza una MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) para la explotación de material, se le canceló hace más de un mes porque la empresa no cumplió con las condicionantes; no existe explotación en ese banco en este momento”.
Así resumió Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) el proceso por el que primero le autorizaron a la empresa Hoganza la destrucción de parte del Cerro Gordo en el ejido del mismo nombre en el municipio de Zaragoza, hasta llegar al punto actual en el que afirma que el proyecto está cancelado definitivamente.
No obstante, los propios documentos de la SEGAM y las acciones emprendidas por los habitantes del Ejido que provocaron clausuras federales en el pretendido banco de materiales dan cuenta de una historia diferente.
De acuerdo con el oficio número ECO.03.4071/2026 relacionado con el número de expediente IA.MIA-042/2026, la empresa presentó la solicitud de autorización de una MIA-Particular el pasado 12 de febrero y para el 27 de abril, en 74 días, ya contaba con una resolución favorable.
El 22 de junio la empresa realizó las primeras detonaciones que alertaron a la comunidad de Cerro Gordo sobre una nueva amenaza de destrucción de la montaña emblemática que le da nombre a su Ejido.
La movilización que dio paso a la formación del Comité de Defensa del Ejido Cerro Gordo provocó que la propia SEGAM aplicara una clausura temporal al proyecto a principios de agosto como una medida para blindarse ante la inminencia de una inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que terminó en una primera clausura el 19 de agosto.
De acuerdo con el acta de inspección, la Profepa determinó la clausura al detectar que se trató de “un caso de: Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso o cambio de uso del suelo en terrenos o áreas con uso de suelo forestal o por la extracción de recursos forestales” sin contar con una autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Aunque la empresa mostró la MIA-Particular emitida por la SEGAM, su alcance no dio para justificar el daño ambiental provocado.
Si entonces la clausura temporal aplicada previamente por la SEGAM la blindaba de alguna responsabilidad incluso de confabulación con la empresa por permitir el atentado ecológico, una segunda clausura por parte de la Profepa y un dictamen de la SEMARNAT que confirmó la zona afectada como terrenos forestales la dejó sin alternativa para mantener su apoyo a Hoganza.
En cuestión de tiempos, la revelación que hace Mendoza Díaz resulta imprecisa porque la MIA-Particular no se autorizó hace dos meses como dijo, sino hace más de cinco meses y medio, en tanto que, sobre la cancelación, para los integrantes del Comité de Defensa del Ejido Cerro Gordo, tiene más que ver con una irregularidad mayor en el trámite que con un incumplimiento de las condicionantes.
Para el Comité, el hecho de que la SEGAM autorizara la explotación de un banco de materiales a un particular sin que acreditara la propiedad de los terrenos que afectaría era tema suficiente para iniciar un juicio político contra Mendoza Díaz.
Si en la primera clausura temporal la SEGAM se blindaba contra cualquier efecto de las inspecciones federales, con la cancelación de la MIA-Particular ahora es Mendoza Díaz quien se protege contra la denuncia que los habitantes de Cerro Gordo pudieron iniciar en su contra.
Y es que en el considerando VI de la autorización de la MIA-Particular, la SEGAM establece que la empresa declara que “la propiedad se donde se ubica eI proyecto se encuentra actualmente arrendada (sin uso)”.
Si bien la SEGAM reculó en la autorización que indebidamente otorgó a la empresa, lo que ya no puede borrar es que quedó en evidencia la confabulación con los depredadores ecológicos al grado de que a la inspección realizada por la Profepa los funcionarios de la SEGAM y representantes de la empresa llegaron al lugar en un vehículo de la dependencia.
La cancelación de la MIA emitida por la SEGAM elimina la posibilidad de más explosivos sobre el Cerro Gordo, pero para el Comité de Defensa hay un riesgo que aún persiste: la privatización de su territorio con la confabulación de la burocracia agraria.
