Fernanda Durán
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Marco Antonio Gama Basarte, informó que solicitará a los colectivos que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) documentar las presuntas omisiones del organismo para revisar su desempeño y determinar qué procedimientos podrían emprenderse, incluida la posibilidad de un juicio político contra su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
El posicionamiento se produjo este viernes 23 de octubre, después de que el legislador sostuviera una reunión el jueves con representantes de las organizaciones que desde el miércoles ocupan la sede de la CEDH y exigen las renuncias de Argüelles Moreno, del secretario ejecutivo Miguel Ángel Carbajal Martínez y de la primera visitadora Begoña Castillo Martínez.
Durante el encuentro, las manifestantes expusieron inconformidades relacionadas con la atención a víctimas, el seguimiento de quejas y recomendaciones, así como la reciente Recomendación 10/2026 emitida a partir de una queja del diputado Héctor Serrano Cortés contra el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra.
La rapidez con la que avanzó este último procedimiento ha sido cuestionada por las organizaciones que aseguran mantener expedientes pendientes desde hace varios años y consideran necesario revisar los criterios de atención de la CEDH.
Gama Basarte explicó que el compromiso asumido por la Comisión legislativa consiste en dar seguimiento a las inconformidades mediante la integración de un expediente que permita identificar los casos denunciados, los tiempos transcurridos y las respuestas proporcionadas por el organismo.
“Plantean precisamente algunos esquemas de seguimiento de trabajo, que es parte a lo que se puede comprometer esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a darle un seguimiento puntual a sus inquietudes, a argumentar, a generar un expediente donde se exprese con claridad, por ejemplo, qué recomendaciones no han sido respondidas, qué tiempo llevan”, señaló.
El diputado sostuvo que esta revisión deberá realizarse sin adelantar conclusiones sobre la actuación de las autoridades señaladas y reiteró que el Congreso también necesita escuchar la versión de la presidenta de la CEDH.
En ese sentido, recordó que semanas atrás la Comisión legislativa acordó solicitar la comparecencia de Argüelles Moreno para conocer el estado de las quejas, el seguimiento de las recomendaciones y el funcionamiento general del organismo autónomo.
“Creo que es importante ahora en este momento escuchar a las dos partes, sin prejuzgar de ninguna manera, sino ser objetivos en el trabajo que está desempeñando o en el desempeño de la Comisión atendiendo a los derechos humanos en San Luis Potosí”.
Cuestionado sobre la exigencia de destituir a Argüelles Moreno como condición para liberar las instalaciones, Gama Basarte aclaró que la Comisión legislativa no tiene facultades para remover directamente a la titular del organismo.
Explicó que una eventual separación del cargo tendría que sustentarse en un procedimiento formal y que las organizaciones manifestaron su intención de promover un juicio político.
Por ello, destacó que antes de considerar cualquier medida deberá analizarse la documentación que presenten las personas inconformes y establecerse si existen elementos para iniciar los procedimientos correspondientes.
Sobre el escenario de una eventual destitución, mencionó que primero tendría que revisarse el desempeño institucional y, únicamente después de agotarse el procedimiento aplicable, podría plantearse la reposición del proceso de designación.
Hasta ahora, el legislador no anunció el inicio de un procedimiento de remoción ni confirmó que se haya presentado formalmente una solicitud de juicio político contra Argüelles Moreno.
Horas después de las declaraciones de Gama Basarte, integrantes de los colectivos que mantienen la protesta acudieron al Congreso del Estado, donde se desarrollaban actividades culturales relacionadas con la celebración del Xantolo.
Entre las asistentes se encontraban la abogada Natalia Castillo Vera, representante del colectivo Vozes, y la activista Catalina Torres Cuevas, quienes aprovecharon la presencia de legisladores para reclamar una intervención ante las inconformidades que han expuesto contra la CEDH.
Durante el encuentro, las manifestantes encararon a Gama Basarte y reiteraron sus cuestionamientos sobre la permanencia de Argüelles Moreno al frente del organismo.
El diputado les insistió en la necesidad de presentar documentación que permita sustentar los señalamientos sobre presuntas deficiencias en el desempeño de la presidenta y, con ello, determinar si existen elementos para emprender algún procedimiento desde el Congreso.
Por ahora, la intervención anunciada por Gama Basarte se limita a revisar la documentación de las inconformidades, dar seguimiento a los asuntos planteados y buscar que la presidenta del organismo acuda al Congreso. La eventual presentación de un juicio político y cualquier procedimiento relacionado con su permanencia en el cargo continúan sin una determinación formal.
