Adriana Ochoa
La fuga discretísima, casi quirúrgica, de Gerardo Sánchez Zumaya desnuda una de las contradicciones más lacerantes del régimen. El aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí y prodigio del emprendimiento en el sector petrolero ya iba cruzando la frontera cuando se hizo público que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas y se ventiló cómo operaba su entramado de empresas (Safnat, Grupo Mineral & Logistic (GML) y Diazol) para facturar miles de millones a Pemex.
La pregunta que flota en el ambiente político, más allá de la versión oficial, es inevitable: lavaban, ¿para quién? Porque esa es la parte que la autoridad se empeña en dejar convenientemente incompleta. Se expulsa o se facilita la huida del operador, se asegura el titular mediático, pero se oculta celosamente el eslabón político de la cadena.
Para que una red de empresas facturadoras o simuladoras pueda drenar miles de millones de pesos a través de Pemex, no basta con la astucia de un avispado “emprendedor” externo. Requiere necesariamente de una red sistemática de complicidad interna enquistada a varios niveles en la burocracia.
Debió existir un funcionario de nivel facultado en Pemex que es el responsable de supervisar la supuesta compra de bienes o contratación de servicios. Ese funcionario valida y da por recibidos servicios intangibles o ficticios (estudios geológicos, químicos aditivos, mantenimiento de pozos) sin exigir la comprobación física o técnica en campo. Sin su firma de “aceptado a satisfacción”, el sistema contable de Pemex no puede proceder al pago. Si las empresas de Sánchez Zumaya facturaron y cobraron miles de millones de pesos a Pemex, pudieron hacerlo porque alguien con facultades y poder lo permitió.
Ninguno de estos funcionarios actúa por simple negligencia. La relación entre el “facturador” externo y el cómplice interno se sostiene sobre un esquema de comisiones de retorno (habitualmente del 10% al 20% del valor bruto del contrato), que se dispersa en efectivo mediante prestanombres de baja categoría o a través de empresas fachada secundarias encargadas de pagar “honorarios” o compra de inmuebles a los familiares de los propios funcionarios involucrados.
Frente al silencio de las versiones oficiales, surgen tres lecturas de fines viables en esa operación de lavado a gran escala. La primera tiene enlace directo con la clase política que permitió, prohijó y participó de este tipo de manejos de dinero: que los recursos masivos operados por las empresas de Sánchez Zumaya no solo financiaran lujos personales, sino la pesada maquinaria territorial de alianzas inconfesables entre partidos locales y satélites federales ávidos de efectivo para campañas sin fiscalización.
Si el producto de esa lavandería no era para la franquicia partidista, cabe entonces que el beneficio sea para una red de testaferros enquistada en los sótanos de Pemex que utiliza contratistas fantasma para desviar flujos destinados a la renta energética del país. La lectura de esa red rentista de la corrupción apunta a los hijos del ex presidente López Obrador.
Y una tercera posibilidad, el paraguas de protección regional a gobernanzas locales dispuestas a otorgar canonjías y blindaje judicial a cambio de un retorno porcentual constante para el sostenimiento de estructuras corporativas electorales.
En este último supuesto cabe el caído senador tabasqueño Adán Augusto López, conexión mayor de Gerardo Sánchez Zumaya y el grupo de jóvenes nuevos ricos construidos en el sexenio de AMLO en el sureste del país. Hay que recordar que fue el único aspirante en el proceso interno por la candidatura presidencial Morena que declaró haber gastado de su bolsillo, por encima del tope de 5 mdp que les financió el partido.
Esta historia de Sánchez Zumaya no es una anarquía aislada; dialoga directamente con la descomposición institucional que corroe el centro y la periferia del poder. Ahí está la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dejándose apapachar por su proveedor favorito de urnas electorales, seleccionado sin concurso de por medio. Con más pena que credibilidad, la señora intentó “naturalizar” su compadrazgo en la última sesión.
Mientras tanto, en las gubernaturas y carteras, los nuevos cuadros de un régimen que vuelca su discurso en “los pobres”, ya no solo viajan en primera clase: rentan aviones privados o aceptan que sus constructores y proveedores favoritos se los presten -nunca por altruismo, siempre con intereses de por medio-.
Y si no da para vuelo privado, reclaman tratamientos públicos que no les tocan, como la ridícula petición de los senadores para que les “facilitaran” la sala diplomática del AICM y así evitarse el hacer espera por sus vuelos con el resto de los pasajeros. Mientras la presidenta de la república recorre el país en líneas comerciales, su propio bosque de gobernadores, senadores y funcionarios comodones despliega un descarado nuevorriquismo.
Es el esperpento de una transformación política de cartón: bajan de una camioneta de tres filas de asientos, si es posible blindada, luciendo mocasines driving shoes (Ferragamo o Gucci) para caminar sobre el pavimento polvoriento de sus estados, evidenciando una urgencia patológica de legitimación y visibilidad social. Combinan la logomanía más estridente, el branding de monogramas pesados y el abuso de joyería ostentosa con la misma naturalidad con la que justifican opacidades y desvíos millonarios.
¿Qué bicho les picó en la cabeza a estos nuevos ricos de la política para perder de esta forma el piso, la decencia y la brújula ideológica? El problema central de este régimen no es la cúspide, la presidenta que actúa con congruencia, sino un bosque tupido de operadores corruptos al que no se le puede prender un cerillo sin que chamusque los cimientos del Estado.
Si Sánchez Zumaya operó un entramado de facturaciones simuladas, falta poner bajo el foco público a quienes se lo permitieron en Pemex. El combate a la corrupción cuando es selectivo, siempre es castigo político..
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
