Fernanda Durán
Integrantes de colectivos y organizaciones civiles que mantienen ocupadas las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) extendieron este miércoles 28 de octubre su protesta al Congreso del Estado, donde ingresaron a la sede legislativa de Vallejo 200 y ocuparon el área de oficinas del diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, para exigir una audiencia con los legisladores.
La movilización comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana frente a la CEDH, donde se había convocado a una marcha, y posteriormente se trasladó al recinto legislativo. Cerca de las 10:00 horas, aproximadamente una veintena de manifestantes permanecía en el interior del inmueble, mientras trabajadores del Congreso comenzaron a retirarse.
La protesta ocurre después de que representantes de comunidades indígenas y organizaciones civiles acudieron el martes a una reunión de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, en la que entregaron documentación sobre quejas presentadas ante el organismo autónomo y solicitaron la intervención del Congreso ante lo que consideran retrasos y omisiones en su atención.
Durante ese encuentro, Gama Basarte informó que se proponía el 23 de noviembre como fecha para convocar a la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, aunque aclaró que todavía debía consensuarse. La posibilidad de esperar casi un mes para esa reunión generó inconformidad entre las organizaciones, que desde el pasado 21 de octubre exigen la renuncia de la ombudsperson, del secretario ejecutivo Miguel Ángel Carbajal Martínez y de la primera visitadora Begoña Castillo Martínez.
Natalia Castillo Vera, representante del colectivo Vozes, explicó que acudieron al Congreso con la intención de encontrar a los legisladores y obtener una respuesta a sus solicitudes, pero les informaron que algunos se encontraban en la Huasteca y que las actividades se interrumpirían por el próximo periodo de descanso.
“Seguiremos tomando la Comisión, que es donde estamos ahí al centro, y ver la manera de agarrarlos estando aquí”, señaló, al explicar que también debían considerar las condiciones de las personas que participan en la movilización.
Castillo Vera cuestionó que la reunión con Argüelles Moreno se proyecte hasta finales de noviembre, cuando existen víctimas que, de acuerdo con los colectivos, llevan años esperando respuestas a sus expedientes.
“Estos son tontos, ¿o qué? O sea, las víctimas, ¿cuánto tienen que esperar más para que les resuelvan sus carpetas? ¿Un mes más? ¿Dos meses más? ¿Tres meses más? ¿Cuánto?”, expresó.
La representante sostuvo que su exigencia no se limita a la revisión individual de las quejas pendientes, sino que busca una evaluación del desempeño de la actual administración de la CEDH y la eventual salida de sus principales funcionarios.
En ese sentido, rechazó que las organizaciones deban volver a integrar y entregar todos los expedientes para que el Congreso pueda conocer las inconformidades, pues consideró que los legisladores pueden solicitar directamente al organismo la información necesaria para revisar su actuación.
“¿Por qué revictimizar? Se vuelven a equivocar de discurso”, cuestionó.
La abogada cuestionó los resultados de la CEDH al señalar que, mientras el organismo registra más de mil quejas al año, únicamente se expiden alrededor de diez recomendaciones, cifras que, a su consideración, evidencian deficiencias en la atención a las víctimas y justifican una revisión de su desempeño. “¿Qué nos dan las estadísticas? ¿Y no te das cuenta tú como diputado?”, expresó al reprochar que los legisladores no hayan examinado estos resultados con anterioridad.
El planteamiento contrasta con lo expresado el martes por Gama Basarte, quien solicitó a las comunidades indígenas documentar sus casos para integrar un expediente que permita identificar los tiempos de atención, las recomendaciones pendientes y las posibles irregularidades. El legislador explicó entonces que una eventual destitución requiere procedimientos y elementos que sustenten la revisión del desempeño de la institución.
Entre los antecedentes de la inconformidad se encuentra la Recomendación 10/2026, emitida por la CEDH a partir de una queja del diputado Héctor Serrano Cortés contra el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra. Las organizaciones cuestionan la diferencia entre el tiempo de atención de ese asunto y el de otros expedientes relacionados con pueblos indígenas, personas con discapacidad y víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos.
Castillo Vera informó además que solicitaron por escrito un posicionamiento del Consejo Ciudadano de la CEDH, al considerar que ese órgano también debe pronunciarse sobre las inconformidades relacionadas con el funcionamiento de la institución.
Respecto a la ocupación del Congreso, mencionó que esperaban la conformación de una comisión de interlocución que permitiera establecer una agenda de trabajo con los diputados. Sin embargo, hasta ese momento no se había confirmado la realización de una audiencia ni un acuerdo para atender las peticiones.
La representante también manifestó su desacuerdo con la propuesta de Gama Basarte de solicitar la intervención de instituciones como la Secretaría de las Mujeres, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y las autoridades de seguridad para procurar condiciones de protección durante las manifestaciones, al considerar que la prioridad debe ser resolver las inconformidades contra la CEDH.
Mientras tanto, la protesta mantiene dos frentes: la ocupación de las oficinas del organismo defensor de derechos humanos, que continúa desde la semana pasada, y la presión sobre el Poder Legislativo para que adelante la reunión con Argüelles Moreno y defina mecanismos de revisión institucional.
Aunque las manifestantes expresaron su intención de obtener una audiencia antes del periodo de suspensión de actividades legislativas, al momento de la entrevista no habían confirmado si permanecerían dentro del Congreso durante todos los días de descanso. La continuidad de la ocupación de la CEDH, en cambio, fue reiterada por el colectivo.
