Adriana Ochoa
Las instituciones de control y arbitraje diseñadas a modo para que no cumplan con el fin para que fueron creadas, son una realidad presente. El nombramiento de cuadros leales sobre perfiles técnicos convierte a las fiscalías y a los institutos autónomos en meras formalidades administrativas, incapaces de frenar los abusos desde el poder.
Fue así como la Fiscalía Estatal Anticorrupción en San Luis Potosí se convirtió en un nicho en la nómina pública para fiscales de escayola. Tras un primer periodo encabezado por Jorge Vera Noyola -recordado en el ámbito local por haber operado sin respaldo presupuestal ni político real-, la institución entró en una fase de estancamiento prolongado. Vera renunció harto del boicoteo directo desde la Fiscalía General para hacer su trabajo: le racaneaban todo para evitar que las audiencias se hicieran en tiempo, que los procesos fluyeran y las investigaciones también.
La gestión de su sucesor, Felipe Aurelio Torres Zúñiga, de mayo de 2021 a marzo de 2026, se convirtió en un ejemplo del cómo una fiscalía puede operar como trámite burocrático sin romper la impunidad. Casi nueve de cada diez denuncias quedaron sin resolución judicial. Sumó 3 detenciones relevantes (dos hombres y una mujer).
Pese a la alta demanda ciudadana y administrativa de justicia, Torres Zúñiga presentó su renuncia anticipada dos años antes del plazo de su encargo tras reclamos públicos de inacción. Fue calificado públicamente como irrelevante y lo criticó hasta el Ejecutivo estatal por la falta de resultados tangibles. Los casos que al gobernador le interesó perseguir, con mucho de evidente vendetta y golpe político, los trabajó la fiscalía general, más afín a su gobierno.
El sucesor de Torres Zúñiga, Benjamín Pérez Álvarez, fue votado por un congreso dominado por el gobernador. Cubrirá el periodo restante hasta mayo de 2028, con una ventana muy corta y expectativas reservadas. El análisis de su perfil y del contexto político sugiere un alto riesgo de tomar dos caminos, en rutas polarizadas: o mantiene la inercia institucional de una fiscalía ornamental, o se convierte en otra herramienta represiva que seleccionará sólo los casos que puedan devastar a adversarios políticos.
Actores de oposición, incluidos dirigentes locales de Morena, han cuestionado la extracción del nuevo fiscal, vinculada al grupo político en el poder y sus cargos previos en el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, bastión del gallardismo. Y con el gobierno estatal de Gallardo estuvo en la Comisión Estatal del Agua. Su llegada desde una terna del gobernador compromete su independencia ante el proceso electoral de 2027.
Pérez Álvarez cumple con los requisitos legales básicos y posee experiencia en gestión pública, pero nunca tuvo un paso visible como investigador penal de delitos financieros o redes de corrupción. Sin autonomía financiera ni respaldo político transversal, existe el riesgo de que concentre sus esfuerzos en expedientes menores o actúe de manera selectiva frente a adversarios políticos, dejando intactas las redes estructurales de la actual administración estatal.
Es obvio que la designación directa de un fiscal anticorrupción por una elección legislativa de trámite, a partir de ternas enviadas por el Ejecutivo estatal, sin filtros de mérito, es un modelo muy vulnerable o subordinado. El mismo modelo que tienen la mayoría de las entidades. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad lo deja claro: cuando el titular de una fiscalía anticorrupción depende del gobernador o del fiscal general en turno, se compromete la imparcialidad para investigar redes del poder actual.
Una convocatoria pública abierta con evaluación técnica de perfiles para ocupar el cargo, y votación por mayoría calificada en el Congreso local, mejoraría el blindaje. El tema es que no interesa cambiar el modelito vulnerable, interesa tener a un funcionario facultado para investigar a corruptos, pero con una traílla al cuello desde Palacio de Gobierno para que no vaya a donde no tiene permitido ir.
Mexicanos contra la Corrupción ha documentado que la gran mayoría de las fiscalías estatales carecen de unidades especializadas de inteligencia financiera, peritos contables propios, protocolos de protección a testigos o herramientas para operaciones encubiertas, lo que limita sus indagatorias a faltas administrativas menores o casos de bajo perfil.
Y en los estados donde los indicadores de actividad repuntan de manera aislada, los expedientes suelen concentrarse en exfuncionarios de administraciones pasadas o adversarios políticos, reproduciendo la impunidad selectiva. En la mayoría de las entidades, más del 85 % al 90 % de las denuncias recibidas permanecen se quedan en etapa de integración, archivo temporal o no ejercicio de la acción penal. Solo un grupo reducido de entidades (como Sonora, Michoacán, Sinaloa, Coahuila o Querétaro) ha logrado superar tasas de judicialización cercanas o superiores al 10 %.
Los congresos estatales por lo general no ayudan mucho, no les interesa ni siquiera la transparencia como el ejercicio preventivo de la corrupción. El de San Luis Potosí alcanzó el significativo lugar 24 en indicadores de transparencia legislativa, en análisis del Colectivo por la Transparencia y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIMTRA). Solo 28.80% de sus obligaciones es transparente, según este estudio.
Si el diseño mismo de las instituciones vigilantes o arbitrales tiene fallas, pero el de la selección de los perfiles titulares también. No será necesario esperar mucho para empezar a ver de qué material está hecho este nuevo fiscal. Si va de figurita colorida de escayola a ganar polvo en un rincón o de fiscalizador selectivo con fines de represalia política.
No será necesario esperar mucho para empezar a ver de qué material esta hecho este nuevo fiscal. Si va de figurita colorida de escayola a ganar polvo en un rincón o de fiscalizador selectivo con fines de represalia política.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
