Por Victoriano Martínez
Desde que se dio por privilegiar lo políticamente correcto, la distancia entre los discursos de las autoridades y los hechos se ha vuelto cada vez mayor.
Cuando el tema tiene relación con alguna de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo, esa distancia entre discurso y hechos llega a extremos hasta de contradicción. Tal es el caso de los asuntos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, las áreas naturales protegidas y las que se deben proteger. No hay autoridad que no se proclame ecologista.
Esa contradicción por parte de las autoridades representa el mayor riesgo para las áreas con valor ecológico, tanto por los servicios ambientales que prestan a los centros de población, como por la preservación de su flora y de su fauna. Un riesgo que se combina con la ambición desmedida de proyectos inmobiliarios porque abre la posibilidad de negocios excesivamente lucrativos.
En San Luis Potosí existen 31 Áreas Naturales Protegidas (ANP): 12 de carácter federal y 19 estatales. En total, suman una superficie de 919 mil 144 hectáreas, de las cuales 12 mil 744 fueron decretadas con carácter estatal durante la actual administración: 12 mil 613.47 en la Sierra de San Miguelito y 130.76 del cráter “Joya Honda”, en el Ejido La Tinaja de Soledad de Graciano Sánchez.
La declaratoria parcial en la Sierra de San Miguelito exhibe un acto más de hipocresía del gobernador Juan Manuel Carreras López, ya que el decreto establece que se trata de una primera etapa de un proyecto que pretendía la protección para toda la Sierra, se limitó a siete polígonos dispersos para no confrontarse con los desarrolladores inmobiliarios, y evadió las siguientes etapas.
En la Sierra de San Miguelito, en lugar de avanzar más, apenas dos meses después del decreto a favor de esos siete polígonos, el Primer Tribunal Colegiado de Distrito concedió un amparo que anuló el área natural protegida, bajo la modalidad de parque urbano, denominado Ejido de San Juan de Guadalupe. Mil 200 hectáreas perdieron su protección.
Lejos de continuar la protección a la totalidad de la Sierra, Carreras López se allanó a solicitar al Gobierno Federal apoyo para que, en lugar de una ANP estatal, se decretara con carácter federal. El gobernador encontró una buena salida para lavarse las manos, evitar el conflicto con los grandes empresarios y aparentar preocupación para que la Sierra contara con una protección mayor.
No obstante, menos de un mes después de pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyo para proteger la Sierra, envió a la SEMARNAT una Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de la Vía Alterna a la zona industrial que atraviesa la Sierra y en la que se reconocen afectaciones a la flora y la fauna. Hoy el gobierno se declara ajeno al proceso de la declaratoria.
La autoridad municipal, en cambio, se ha visto directamente involucrada a propósito de la elaboración de los programas de desarrollo urbano en los que finalmente apareció la primera concesión a los desarrolladores inmobiliarios al declarar urbanizables las primeras 500 hectáreas de las 2 mil 68 ambicionadas por el proyecto Las Cañadas.
El dictamen de congruencia de los programas de desarrollo municipal, por ley, corre a cargo de la SEDUVOP, cuya excesiva tolerancia a inconsistencias en los programas, incluida la afectación a la Sierra de San Miguelito, desmienten su postura de estar ajenos al proceso de la ANP.
El ANP de la Sierra de Álvarez es otro caso en el que Carreras López contradice su discurso en el que se auto proclama ecologista: el 12 de abril de 2019, la organización Cambio de Ruta le entregó una petición apoyada con 14 mil 54 firmas para que impulsara la elaboración del plan de manejo de esa área, y no se tienen noticias de alguna acción de su parte.
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) asegura que, de las 31 ANP, tres cuentan con planes de manejo: la de la Sierra de San Miguelito, el Paseo Camino a la Presa San José y el Parque Ecológico Gogorrón en Villa de Reyes.
En la Sierra de San Miguelito son siete polígonos dispersos que no atraen la ambición de los desarrolladores inmobiliarios, y muy poco tiene que ver con el mayor peligro que representan los grandes grupos inmobiliarios para las ANP.
El Paseo Camino a la Presa enfrentó, en agosto de 2018, el cambio de uso de suelo de un predio 6.8 hectáreas propiedad de Ricardo Gallardo Juárez a través de una empresa con la que simuló su venta que, además de encontrarse dentro de la ANP, forma parte de las 344 hectáreas propiedad del Ayuntamiento.
Un juez federal ordenó revertir el cambio de uso de suelo en diciembre de 2018, lo que corrió a cargo de la actual administración municipal que denunció penalmente la irregular maniobra de Gallardo Juárez, pero evitó proceder legalmente por el despojo del predio municipal.
En Gogorrón, el Juzgado Sexto de Distrito determinó anular el plan de manejo y elaborar otro en el que se excluyan mil 448 hectáreas del Ejido Estancia de Machado de las 38 mil que conforman la ANP, producto de la aplicación del mismo modelo de manipulación de representantes ejidales por parte de grandes grupos empresariales para abrir paso a sus proyectos.
Un litigio que comenzó hace cinco años y sobre el que la SEMARNAT, por ser ANP federal, exhibió un descuido y falta de interés por una auténtica protección de las áreas naturales protegidas. Apenas hace una semana y media la SEMARNAT fue exhibida por favorecer proyectos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito, y ya queda expuesto otro caso de omisiones con el mismo efecto.
Por acción, por omisión y muy posiblemente por confabulación con intereses empresariales, las áreas naturales protegidas y las que deben protegerse, esenciales para la sustentabilidad de centros de población e incluso evitar el surgimiento de epidemias y hasta pandemias, viven en constante acoso de depredadores ecológicos que privilegian el lucro sobre el derecho a un medio ambiente sano.
Al caso de la Sierra de San Miguelito y del Paseo Camino a la Presa ahora se suma el del Parque Ecológico Gogorrón, como muestras de los embates de la ambición depredadora inmobiliaria que atentan contra esas áreas ecológicas.
Tres de 31 áreas naturales protegidas en el Estado que, víctimas de los embates inmobiliarios, muestran el campo abierto y en completo estado de indefensión en el que se encuentran el resto ante los depredadores ecológicos para hacer negocios sin el menor escrúpulo para respetar al medio ambiente.
