Abelardo Medellín
Los ayuntamientos que busquen vender bienes muebles e inmuebles para un beneficio público ya no tendrán que pedir permiso al Congreso del Estado para estas enajenaciones, pero tendrán más candados y requisitos para hacerlo, aseguró Rolando Hervert Lara, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial del Congreso del Estado.
El legislador presentó en rueda de prensa las modificaciones al artículo 115 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y las reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a Ley de Bienes del Estado y Municipios, para establecer nuevos procedimientos y requisitos a los procesos de enajenación de bienes, que ya eran contemplados dentro de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió en mayo del 2020.
Los cambios presentados por Hervert Lara están íntegramente enmarcados dentro del decreto 1139 del Periódico Oficial del Estado y contemplan, en primer término, derogar las fracciones XXXI y XXXII del artículo 57 de la Constitución, cambio que otorga a los municipios la posibilidad de vender sus bienes sin pedir autorización del Congreso local.
También se contempla una reforma al artículo 115, que establece el requisito de que toda enajenación de bienes necesita de la votación calificada del Cabildo, es decir, de dos terceras partes de los integrantes del cuerpo edilicio.
Las reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre establecieron nuevos candados para prevenir que se haga mala uso del recurso conseguido de la enajenación de bienes, como comprobar que el bien dejó de tener una utilidad suficiente; el producto de la venta no podría utilizarse para comprar vehículos, a menos que sean patrullas o ambulancias, y el producto de la venta debe beneficiar a una obra de impacto público general.
Además, hizo hincapié en que el resultado de la venta de bienes que acuerde el Ayuntamiento, no podrán usarse para pagar pasivos de deuda o cualquier otra obligación similar, como la de laudos laborales.
Asimismo, agregó que el precio de venta de los inmuebles y muebles a enajenar, deberá corresponder a un precio de mercado y no de avalúo catastral, como ha pasado en algunos municipios.
“El dinero resultado de estas ventas es para hacer obras de infraestructura, si vas a vender el terreno es porque vas a construir una carretera o vas a construir un hospital, o porque harás obras de drenaje o de electrificación, para eso pusimos estos candados […] es la forma de proteger el patrimonio de las y los potosinos”, concluyó.
