Por Victoriano Martínez
Entre el 13 de agosto y el 29 de noviembre de 2007 se registraron en San Luis Potosí tres crímenes de alto impacto relacionados con mandos policiales que fueron considerados como los hechos que marcaron la llegada de la violencia al Estado, luego de que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al crimen organizado.
A 15 años, lejos de ceder la violencia se mantiene en los picos más altos de la tendencia creciente que ha adoptado desde entonces. Aunque pareciera instalada en una meseta (para usar concepto puestos de moda por el Covid) se trata de una “estabilidad” que no revierte la ruta no sólo de más violencia con mayor atrocidad, sino el temor constante de la inmensa mayoría de la población.
Guillermo Amado Camarena, coordinador de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) de la entonces PGR en San Luis Potosí, fue asesinado el 13 de agosto de 2007 al llegar a su casa en la colonia Dalias. Fue el primer crimen contra un mando policial que, por inédito, dio oportunidad a las autoridades de calificarlo como un hecho aislado.
Exactamente un mes después, Jaime Flores Escamilla, director general de Seguridad Pública del Estado, fue acribillado en la esquina de la avenida Rutilo Torres con la calle Alejandrina, en Valle Dorado. Un segundo caso que todavía les permitía a las autoridades mantener la versión de hechos aislados.
El 29 de noviembre, los centenares de personas que a las ocho de la noche circulaban por las cercanías de las avenidas Carranza e Independencia fueron testigos de una balacera y persecución, con vehículos que circularon en sentido contrario del estacionamiento del Hotel Panorama hasta Independencia, con saldo de dos policías y dos guardaespaldas de la familia García Navarro muertos.
Un tiroteo y persecución que duró más de una hora por distintos rumbos de la ciudad sobre el que se dijo que el objetivo de los criminales era Cesáreo Carvajal Guajardo, entonces responsable de la Seguridad Pública, quien se encontraba en Palacio de Gobierno. Ni se aclaró ni se explicó esa versión, y la justificación se mantenía intacta. Se trataba de hechos aislados.
Hechos “aislados” que marcaron un antes y un después que abrió paso a cada vez más hechos de sangre, con balaceras y persecuciones que provocaron, en una de tantas, la muerte de un vendedor de frutas en el trayecto del enfrentamiento, quien fue una de las primeras víctimas colaterales.
De los enfrentamientos se pasó a la ola de ejecuciones que a la fecha no han cesado y que, en los últimos meses, ha tenido como blancos elementos de seguridad pública incluido un ataque contra el reclusorio de La Pila y el área de juzgados.
Si en 2007 los atentados contra elementos policíacos marcaron el inicio de la violencia que se ha vuelto incontenible, que otra vez elementos de seguridad sean tomados como blanco por los criminales no resulta un buen presagio.
Lo que ocurre en la zona media del Estado reproduce un clima de ejecuciones y enfrentamientos como aquellos que marcaron el inicio de la violencia: hay policías levantados –el más reciente reportado esta semana, de quien ya se menciona que localizaron su cadáver y el de su esposa–, comisarías baleadas, balaceras y un clima de inseguridad tal con víctimas colaterales.
Como víctimas colaterales se podrían mencionar casos de poblados cuyas calles se ven vacías porque optan por mantenerse encerrados y hasta las tiendas no abren y atienden a sus clientes prácticamente de manera furtiva.
Paisanos que llegan a su lugar de origen con camionetas de lujo y tienen que regresar a los Estados Unidos en autobús porque son despojados de su vehículo pronto tendrá como efecto una reducción en la ola de visitantes a sus lugares de origen, con la repercusión económica que eso representa.
Un clima en el que el riesgo de verse de pronto en un escenario en el que cualquiera se puede convertir víctima colateral cada vez es mayor porque la delincuencia organizada alcanza tal omnipresencia que lo mismo se le aparece al paisano que le toca la mala suerte de perder su camioneta que a buscadores de familiares desaparecidos.
Una circunstancia que coloca a quienes buscan recuperar y llevar a casa a sus seres queridos desaparecidos, sin buscar culpables, como potenciales víctimas del crimen organizado por la incapacidad policial de identificar casas de seguridad que están prácticamente en sus narices, según el testimonio de una sobreviviente del ataque en Rioverde contra buscadores de desaparecidos.
Un clima de inseguridad que en muchos rincones del Estado se vive en un temeroso silencio, cual producto de un instinto de conservación, como reacción a los nulos resultados de los cuerpos policiacos, cuya prioridad no parece estar en garantizar la seguridad general, sino sólo la de los eventos de la vocación fiestera del actual gobierno, que distraerá mil 271 policías en la FENAPO.
