Desiree Madrid
Los concesionarios del transporte público en San Luis Potosí, quienes promovieron la iniciativa para que el Gobierno del Estado otorgue un subsidio al transporte urbano, argumentaron que sus operaciones enfrentan un rezago en las tarifas frente al incremento de los costos de operación, además de una reducción de pasajeros y una competencia desigual con el sistema gratuito MetroRed.
De acuerdo con las tarjetas informativas que acompañaron la solicitud del subsidio, y que fueron compartidas por los propios concesionarios, entre 2006 y 2025 la tarifa del transporte público aumentó 177.8 por ciento, mientras que el precio del diésel registró un incremento de 394.6 por ciento y el de los vehículos de 297.1 por ciento. Los promoventes señalaron que esta diferencia ha reducido la capacidad de los concesionarios para cubrir los gastos de operación y renovar sus unidades.
Otro de los argumentos expuestos es el impacto de MetroRed en las rutas concesionadas. Según el documento presentado, este sistema opera con 60 unidades y registra 36 mil 887 pasajeros diarios, equivalentes al 10.5 por ciento del aforo total, con un promedio de 614 pasajeros por unidad. En contraste, Urban Pass y Cytibus reportan un promedio de 263.77 pasajeros por unidad.
Sostuvieron que la operación de un sistema gratuito representa una competencia para los concesionarios, quienes deben cubrir los costos del servicio mediante los ingresos que obtienen de las tarifas. En ese sentido, consideraron que, si el Estado subsidia directamente una parte de la movilidad, también debe contemplar apoyos para los operadores que mantienen las rutas donde MetroRed no tiene cobertura.
En el apartado de afectaciones se documenta que 14 rutas registraron una disminución del 31 por ciento en su aforo y dejaron de percibir 11.25 millones de pesos durante el periodo analizado. A esto se suma, señalaron, la reducción de pasajeros después de la pandemia, pues el aforo de usuarios preferenciales se encuentra 68.4 por ciento por debajo del registrado en 2019.
El análisis de los concesionarios, también plantea que han absorbido costos relacionados con los viajes preferenciales de estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. De acuerdo con las cifras de Urban Pass, durante 16 años se han destinado mil 207 millones de pesos a subsidiar estos viajes, por lo que los promoventes consideran que el Gobierno debe asumir una parte de ese gasto.
Sobre la posibilidad de entregar nuevas concesiones, argumentaron que aumentar el número de operadores no resolvería los problemas financieros del transporte, debido a que el mercado enfrenta una contracción en el número de usuarios. Además, señalaron que los costos de renovación de las unidades, estimados entre tres y ocho millones de pesos por vehículo, representan una barrera para quienes pretendan incorporarse al servicio sin contar con una flota o ingresos previos que respalden la inversión.
Finalmente, los promoventes señalaron incumplimientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en materia de modernización del sistema de pago. Recordaron que en 2022 se publicó un acuerdo para establecer un sistema estatal de prepago con una cámara de compensación que permitiría a los permisionarios acceder a sus ingresos cada 24 horas, mecanismo que, según expusieron, debía concretarse en 2023 y no se implementó. A su juicio, antes de exigir nuevas inversiones a los concesionarios, la autoridad debe cumplir con los compromisos que asumió para mejorar la operación y administración del transporte público.
