Leticia Vaca
El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí para establecer restricciones en la entrega de apoyos de los programas sociales en efectivo para municipios con más de 90 mil habitantes.
La iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Guajardo Barrera, quien argumentó que, al disminuir el uso de dinero en efectivo en las transacciones gubernamentales, permitirá combatir la corrupción porque desincentiva el desvío de recursos públicos que no deja huella digital o bancaria.
Con la reforma se contempla abarcar la capital con poco más de 824 mil habitantes, Soledad de Graciano Sánchez, con 309 mil; Ciudad Valles, con 177 mil; Matehuala, con 99 mil; Rioverde, con 94 mil, y Tamazunchale, con 92 mil, o “aquellos que cuenten con servicios bancarios, esto último en prevención a que en un futuro se sumen más ayuntamientos”.
Además, Guajardo Barrera aseguró que este mecanismo podría garantizar que los programas sociales no sean usados con fines electorales o de promoción personal de los servidores públicos.
