Por Victoriano Martínez
El Ayuntamiento de San Luis Potosí, apoyado por el Congreso del Estado, que le aprobó su Ley de Ingresos, y por el gobernador Fernando Toranzo Fernández, quien promulgó la Ley en lugar de vetarla, pretende incrementar los impuestos y servicios municipales en un 185 por ciento en promedio…
Con esas palabras comienza el texto con el que, en 2010, la agrupación Acción Ciudadana convocó a la ciudadanía a protestar contra los incrementos en los impuestos por parte del Ayuntamiento que encabezó Victoria Labastida Aguirre, y a firmar una solicitud de amparo que aunque finalmente no prosperó, el Juzgado abrió la opción en contra de aumentos indiscriminados.
A pesar de que sobreseyó aquel amparo, firmado por más de mil 200 personas, el Juzgado dejó a salvo los derechos de los demandantes a quienes les indicó que “se requiere de un acto de individualización” para considerar la procedencia de la protección de la justicia federal.
Un antecedente a considerar hoy que se vuelve a presentar un abuso impositivo por parte del ayuntamiento que encabeza Enrique Galindo Ceballos, con incrementos especialmente relacionados con los rubros que tienen que ver con cuestiones inmobiliarias, entre las que se incluye una aberrante tabla de valores, rango y tasas para el cálculo del impuesto predial.
Esa tabla corresponde a lo que Galindo Ceballos presumió como un esquema progresivo en el impuesto que permitiría hacer pagar menos a quien menos tiene, cuando su aplicación provoca incrementos que van del 0.08 por ciento al 531.02 por ciento que no necesariamente benefician a quien menos tiene.
Un abuso por parte del alcalde que no podría ser posible sin la complicidad de los 27 diputados de la LXIII Legislatura que le aprobaron su Ley de Ingresos sin la más mínima verificación sobre los efectos negativos que tendría para los contribuyentes, a quienes lesiona gravemente en su economía.
¿Cuántos de los 27 diputados pueden explicar las tablas de valores para los cálculos del impuesto predial y del traslado de dominio que incluyeron en los artículos 7 y 10 de la Ley de Ingresos del municipio de San Luis Potosí? Si se encuentra a alguno de ellos, pídale que se las explique, especialmente a los 25 que votaron a favor de esos incrementos.
Aquí le damos los nombres de ese grupo:
Juan Francisco Aguilar Hernández, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Martha Patricia Aradillas Aradillas, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, José Luis Fernández Martínez, Liliana Guadalupe Flores Almazán, Eloy Franklin Sarabia, Dolores Eliza García Román, Rubén Guajardo Barrera.
Salvador Isais Rodríguez, Alejandro Leal Tovías, José Antonio Lorca Valle, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, René Oyarvide Ibarra, María Aranzazu Puente Bustindui, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, Bernarda Reyes Hernández, Emma Idalia Saldaña Guerrero, Cinthia Verónica Segovia Colunga, José Ramón Torres García, Edmundo Azael Torrescano Medina, María Claudia Tristán Alvarado y Lidia Nallely Vargas Hernández.
La diputada Gabriela Martínez Lárraga votó en contra, y la diputada Ma. Elena Ramírez Ramírez se abstuvo.
No por ello las libere de la petición de una explicación porque Martínez Lárraga seguro habrá identificado claramente la aberración y dará mejor santo y seña de por qué resulta tan negativa la ley de ingresos que rechazó. Lamentable que sólo se haya quedado en votar en contra y no haya avanzado en promover acciones desde el 14 de diciembre para evitar ese abuso.
La abstención de la diputada Ramírez Ramírez poco puede representar que se haya percatado del abuso del alcalde Galindo Ceballos, y sí en cambio que evitó comprometerse con algo que no entendió.
En todos los casos, la defensa de los intereses de la población es lo que más está ausente, a pesar de tratarse de representantes populares.
En el caso del gobernador Gallardo Cardona nada podía esperarse, pues entre la aprobación de la Ley de Ingresos el 14 de diciembre y la publicación del decreto el 24, su tiempo total estaba comprometido con su Festival de Inverno y su tour de música de banda.
Es decir, estaba más ocupado en catapultar la cuarta ola COVID que en verificar que en las leyes de ingresos municipales se pudiera abusar de los contribuyentes.
Hoy como hace doce años, vuelven a confluir servidores públicos recién electos más interesados en administrar un cada vez más abultado erario que en atender las circunstancias económicas por las que atraviesa la población, al grado de que aquella convocatoria de Acción Ciudadana podría ser reescrita en los siguientes términos:
El Ayuntamiento de San Luis Potosí (ahora con Galindo Ceballos como alcalde abusivo), apoyado por el Congreso del Estado, que le aprobó su Ley de Ingresos, y por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien promulgó la Ley en lugar de vetarla, pretende incrementar los impuestos de manera ambiciosa y desproporcionada…
Entonces la solicitud de amparo se acompañó por mil 200 firmas y fue sobreseído por presentarse de manera colectiva. Si hoy un grupo se abogados se declara dispuesto a establecer un escritorio público para la promoción de amparos, aquella experiencia bien podría servir de antecedente para que en esta ocasión los miles que prevén podrían presentar resulten efectivos.
