Alejandro Rubio
Al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se le salió de control esta afrenta contra el gremio periodístico y los autores de campañas negras, en la que se encarceló a dos comunicadoras como una especie de advertencia para quien busque pasarse de la raya.
Lo dijo en entrevista Roxana Hernández: “no calcularon políticamente el costo que se iba a generar”; el caso escaló hasta los grandes medios de comunicación y organizaciones del país y tocó las puertas de Palacio Nacional, desde donde se emitió un comunicado suscrito por la Secretaría de Gobernación, en el que se informó que la dependencia federal intervino en la liberación de Erendira Reyes Aguillón y su hija.
Por mucho que desde el aparato gubernamental estatal se intentó sostener la narrativa de que no se persiguen ni encarcelan periodistas, es un hecho que en cuestión de días perdieron esa batalla y la ofensiva que iniciaron se les volvió en contra.
“Encarcela SLP a periodistas”, “Ley Serrano”, el arma que usa el gobierno de San Luis Potosí para encarcelar a periodistas”, “A la caza de periodistas en San Luis Potosí”,fueron algunos de los titulares que invadieron el ámbito nacional en los últimos días.
Aunque se hizo el intento, ni los medios ni las páginas al servicio del Gobierno del Estado pudieron hacerle frente a ese contragolpe.
Por un momento el Poder Ejecutivo logró centrar el debate en si las mujeres en prisión eran o no periodistas, pero el argumento fue rápidamente desechado al advertir el exceso de encarcelarlas, así hayan o no sobrepasado los límites de la libertad de expresión.
Al verse rebasados, la gallardía y sus aliados decidieron tomar un nuevo camino: negarlo todo.
Desde el diputado Héctor Serrano Cortés, hasta la fiscal general del Estado, Manuela García Cázarez, se comenzó a asegurar que la imagen en donde aparece la hoja de una averiguación con los nombres de 11 comunicadores, fue elaborada mediante inteligencia artificial.
El legislador incluso llegó a sugerir que alguien la creó para generar una crisis.
También se negó que hubiera ordenes de aprehensión contra las personas de la lista, a pesar de que dos de ellas ya se encontraban en prisión.
Los dichos de la propia Roxana Hernández desmienten esta versión, ya que al ampararse no se le notificó que no existiera una orden de aprehensión, sino que se le fijó fecha para una audiencia.
Para defenderse y refugiarse en falsos dichos los funcionarios han llegado hasta el punto de elogiar la labor periodística, esa que si se hace con crítica, rigor y pruebas, aborrecen e irrespetan, pero que, si se trata de aplausos y adulación, les encanta.
“Creo en la libertad de expresión, pero no creo que hoy debamos denigrar de una forma tan vil, la noble labor que hacen los periodistas”, dijo Serrano Cortés en una entrevista el 29 de mayo.
Noble, importantísima, maravillosa, apreciable, las últimas semanas han estado sido un sin fin de elogios a la labor de los periodistas. Ya nos hacen parecer mártires…
Una revelación del diario El PAÍS del pasado 9 de junio, dio un golpe de gracia a la batalla gallardista contra los medios de comunicación: fue la esposa del gobernador, Ruth González Silva, quien interpuso la denuncia que ocasionó el encarcelamiento de las dos mujeres potosinas.
En la portada de la noticia luce una fotografía de la senadora de pie en su escaño, viendo hacia el frente con una mirada desafiante, sin esa mascara que porta a diario en su campaña adelantada por la gubernatura.
Todo cuadra. Es el poder del aparato gubernamental contra la ciudadanía.
La intolerancia exhibida en su máximo esplendor. Porque a través del micrófono dicen que les “divierte” el juego con los medios de comunicación, pero por atrás planean, articulan y ejecutan acciones para coaccionar, amenazar y reprender.
Y cuando parecía que la cadena estaba cerrada, el último eslabón aparece y lleva el nombre más escuchado del último mes: Héctor Serrano Cortés, se revela que es el denunciante de los periodistas Juan Pablo Moreno Rodríguez y Juan Pablo Moreno Guzmán, citados a comparecer el pasado miércoles a la Fiscalía General del Estado.
En la FGE, el ministerio público le dice a Moreno Rodríguez y a su representante legal que el citatorio quedó sin efectos y se niega a mostrar la carpeta de investigación.
Después de haber lanzado la piedra, la autoridad esconde la mano…
Todos han reculado.
Ricardo Gallardo no puede darse el lujo de tener otro comunicador en la cárcel. Mucho menos que sea otra persona vinculada a él quien presentó la denuncia.
Ya van varias veces que sus acciones salen a relucir como arma para atacar a la 4T, el movimiento de la presidenta de México. Esto no debe gustar.
Si desde antes ya era el aliado incomodo, hoy es indeseado.
La Ley Serrano es uno de los mayores negativos y errores de su gobierno. Aún más, el pésimo manejo de comunicación que llevaron a cabo para sobrellevar la situación. Todo se les fue en contra.
El último clavo en el ataúd lo colocará la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y derogue la reforma.
Ya para luego el diputado Serrano podrá organizar sus foros…
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente director editorial de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
