El Congreso y la memoria corta frente a la CEDH

Fernanda Durán

Desde su primera gestión al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno ha acumulado señalamientos, inconformidades, protestas y solicitudes para revisar su permanencia en el cargo. Lo mismo víctimas que colectivos y quienes integraron el propio Consejo Ciudadano han cuestionado su actuación, la atención a los expedientes y las decisiones administrativas del organismo. Sin embargo, pese a esa trayectoria de reclamos, el Congreso del Estado encontró razones suficientes para reelegirla en marzo de 2025 y hoy, frente a nuevas manifestaciones, parece dispuesto a comenzar otra vez por el mismo punto: escuchar, solicitar documentación y prometer una revisión.

El problema no es que los legisladores pidan pruebas. Es que buena parte de esas pruebas ya pasó por sus oficinas.

Los cuestionamientos a Argüelles Moreno no comenzaron con las protestas encabezadas actualmente por el colectivo Vozes. En abril de 2021, apenas unos días después de su primera toma de protesta, un grupo de víctimas ocupó las instalaciones de la CEDH para manifestar su inconformidad con su designación y exigir atención. En 2022 volvieron las protestas y las peticiones para destituirla, mientras que en 2023 integrantes del Consejo Ciudadano, como Edith Pérez Rodríguez y Catalina Torres Cuevas, hicieron públicos sus cuestionamientos sobre la falta de resultados y la actuación institucional, hasta el punto de llegar a la renuncia de su nombramiento como consejeras.

Para 2024, el conflicto había alcanzado otra dimensión. Un grupo de víctimas mantuvo bloqueadas durante aproximadamente 70 días las oficinas centrales de la CEDH, hasta que el 3 de julio se anunció la reapertura del edificio tras una serie de acuerdos. En ese mismo periodo, personas inconformes acudieron al Congreso, realizaron manifestaciones y promovieron procedimientos de juicio político.

De hecho, para marzo de 2025 ya se reportaba la existencia de tres solicitudes de juicio político contra Argüelles Moreno, presentadas por distintas víctimas entre 2024 y el proceso de renovación de la presidencia. Una de ellas, encabezada por María de Jesús Almendárez Prieto desde mayo de 2024, fue admitida a trámite en junio de aquel año y permaneció sin resolución durante el relevo legislativo.

No fue sino hasta el 17 de marzo de 2026 cuando las comisiones legislativas determinaron su improcedencia, casi dos años después de que comenzó el procedimiento. La resolución no implica que todas las inconformidades planteadas contra el organismo hayan sido esclarecidas o atendidas.

Pero los señalamientos no provenían únicamente de personas que se manifestaban en las calles o cerraban instalaciones. También existieron advertencias documentadas desde el interior de la institución.

La entonces consejera ciudadana Claudia Espinosa Almaguer dirigió escritos al Congreso en septiembre y noviembre de 2024, así como en febrero de 2025, en los que expuso cuestionamientos sobre el funcionamiento del Consejo, las decisiones de Presidencia, el manejo presupuestal, la transparencia y la falta de atención a asuntos relacionados directamente con la defensa de los derechos humanos.

En septiembre de 2024, por ejemplo, informó sobre conflictos durante las reuniones con un grupo de víctimas, presuntas amenazas en su contra y la falta de medidas institucionales para garantizar condiciones adecuadas de participación. Su postura también cuestionaba compromisos que, según explicó, la Presidencia había asumido con manifestantes sobre decisiones que correspondían legalmente al Consejo Ciudadano.

Es decir, sus denuncias no eran necesariamente coincidentes con las exigencias de quienes ocupaban la CEDH. Pero precisamente por eso resultan relevantes: desde distintas posiciones se advertían problemas en la conducción institucional.

El 13 de noviembre de 2024, Espinosa Almaguer informó al Congreso que el proyecto de presupuesto de la CEDH para 2025 había sido remitido al Ejecutivo sin contar con la aprobación del Consejo Ciudadano. El escrito cuestionaba además la falta de información sobre gastos, acuerdos y decisiones administrativas.

En febrero de 2025, a semanas de concluir el primer periodo de Argüelles Moreno, la consejera volvió a documentar irregularidades. Entre ellas, una sesión en la que se pretendía aprobar el informe financiero de 2024 sin que se proporcionaran las explicaciones solicitadas, además de asuntos pendientes desde meses anteriores, como los informes especiales sobre desaparición de personas y la situación en centros penitenciarios.

Uno de sus señalamientos resulta especialmente significativo: el Consejo había solicitado conocer información financiera y operativa que consideraba necesaria para ejercer sus atribuciones, pero no obtenía las respuestas requeridas. En su escrito también pidió que se informara al Congreso sobre las dificultades para revisar y aprobar el informe financiero.

Estos documentos remitidos a las instancias legislativas correspondientes, cuentan con sellos de recepción. No estamos hablando de inconformidades que los diputados únicamente pudieron conocer a través de declaraciones o publicaciones periodísticas. Hubo escritos formales presentados ante la anterior y la actual legislatura, varios de ellos recibidos por la comisión encabezada por Marco Antonio Gama Basarte.

A los cuestionamientos internos se suma la cada vez menor presencia pública de Argüelles Moreno frente a controversias relacionadas con derechos humanos. Aunque en 2024 se pronunció contra la propuesta de castración química del Gobierno del Estado y sobre la despenalización del aborto, sus declaraciones posteriores se han concentrado principalmente en cifras, conciliaciones y procedimientos administrativos, sin ofrecer explicaciones igualmente detalladas sobre las críticas a su gestión. La autonomía de la CEDH también debería reflejarse en posicionamientos claros frente a posibles abusos de autoridad, incluso cuando involucran al poder político.

A pesar de todo, el 27 de marzo de 2025, el Pleno del Congreso decidió reelegir a Giovanna Argüelles con 20 votos a favor, frente a los seis obtenidos por Ricardo Enrique Rivera Sierra. La funcionaria inició así un segundo periodo que concluirá el 31 de marzo de 2029.

¿Qué evaluación hicieron los diputados de los señalamientos que ya conocían? ¿Cómo ponderaron las quejas de víctimas, los procedimientos legislativos pendientes y las advertencias de quienes habían participado en el gobierno interno de la CEDH? ¿Qué elementos les permitieron concluir que la continuidad era la mejor decisión?

Estas preguntas adquieren una nueva dimensión frente a las protestas de octubre de 2026.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte ha insistido públicamente en la necesidad de mejorar el funcionamiento de la CEDH. En julio, incluso pidió que el organismo dejara de ser una instancia meramente testimonial y retomara una defensa activa de los derechos humanos. Sin embargo, cuando los colectivos acudieron nuevamente al Congreso para exigir una intervención, la respuesta se concentró en integrar expedientes, recibir documentación y seguir los procedimientos correspondientes.

Desde luego, el Congreso no puede destituir a la presidenta de un organismo autónomo por la sola exigencia de un grupo de manifestantes. Existen mecanismos jurídicos, atribuciones diferenciadas y garantías que deben respetarse. Pero la obligación de observar esos procedimientos tampoco explica por qué los antecedentes que ya estaban en poder del Legislativo no se han traducido en una rendición de cuentas capaz de responder a las inconformidades recurrentes.

Menos aún cuando, después de años de reclamos, la reunión con Argüelles Moreno apenas se propone para el 23 de noviembre, sin que exista todavía una fecha definitiva.

Pareciera que cada nueva protesta obliga a comenzar desde cero, como si no existieran los documentos anteriores, los expedientes legislativos, las comparecencias solicitadas o las discusiones que precedieron a su reelección.

Y aunque en diferentes momentos aparecen algunas de las mismas personas, reducir el conflicto a una disputa personal o politiquera sería pasar por alto una pregunta elemental: ¿por qué las inconformidades se repiten después de tantos años de reuniones, compromisos y gestiones institucionales?

Eso no significa que toda acusación contra la CEDH sea cierta ni que cada expediente pendiente constituya una irregularidad. Significa que la reiteración de reclamos, acompañada de documentación y antecedentes verificables, merece algo más que respuestas administrativas que parecen repetirse sin una evaluación pública de sus resultados.

Ahora, en medio de la proximidad del proceso electoral de 2027, los enfrentamientos entre manifestantes y legisladores también han desplazado parte de la discusión hacia las formas de protesta, los estilos personales y las posibles motivaciones políticas de quienes participan.

Natalia Castillo ha sido una de las figuras más visibles de las movilizaciones recientes y sus declaraciones han generado confrontaciones abiertas con representantes del poder público. Pero aun si se cuestionan sus expresiones, su trayectoria política o las formas de manifestarse, nada de ello responde por sí mismo a los señalamientos acumulados contra la CEDH.

No obstante, los conflictos no se han limitado a las inconformidades contra su administración. Argüelles Moreno también ha recurrido a señalamientos y acciones legales en medio de sus enfrentamientos con activistas. En diciembre de 2024, la Fiscalía confirmó que presentó una denuncia relacionada con un incidente en el que se señaló públicamente a María de Jesús Almendárez Prieto. Más recientemente, durante la ocupación de la CEDH encabezada por Natalia Castillo Vera, intentaron difundir acusaciones sobre una presunta privación de la libertad de la presidenta, que las manifestantes rechazaron. Así, las controversias han terminado por trasladarse también al terreno de las acusaciones contra quienes exigen cuentas al organismo.

Antes de Natalia estuvieron otras víctimas y activistas. También estuvieron consejeras que no compartían necesariamente los métodos ni las demandas de esos grupos. Y aun así, los cuestionamientos sobre la gestión de Argüelles Moreno llegaron al Congreso sin que desaparecieran las inconformidades.

Tampoco debería desviarse el debate hacia el hecho de que Argüelles Moreno sea mujer o persona con discapacidad. La representación de grupos históricamente discriminados es importante, pero no sustituye la obligación de ejercer el cargo con transparencia, diligencia y rendición de cuentas.

Una institución defensora de derechos humanos no puede ser evaluada únicamente por las características personales de quien la encabeza, sino por sus decisiones, sus mecanismos de atención y los resultados de su trabajo.

Quedan aproximadamente dos años y cinco meses del segundo periodo de Argüelles Moreno. Y, salvo que se produzca una revisión institucional con consecuencias concretas, nada impide que los próximos meses reproduzcan el mismo ciclo de protestas, reuniones y promesas que ha marcado buena parte de su administración.

El Congreso tuvo oportunidad de revisar los cuestionamientos antes de reelegirla. Recibió documentos, conoció denuncias y tuvo procedimientos de juicio político sobre la mesa. Aun así, una mayoría legislativa decidió darle continuidad. Incluso, durante los últimos dos años, la recepción de los informes anuales de la CEDH se ha realizado de manera discreta, sin convocatoria pública, a diferencia de 2024, cuando su entrega estuvo acompañada de manifestaciones de víctimas que exigían la renuncia de Argüelles Moreno.

En febrero de este año, el acto tuvo que posponerse precisamente por una protesta y terminó celebrándose dos días después, en privado y con la asistencia de apenas tres integrantes de la comisión legislativa. Mientras públicamente se habla de escuchar a las víctimas y exigir resultados, hasta los ejercicios de rendición de cuentas han terminado alejándose del escrutinio público y de quienes cuestionan la gestión del organismo.

Porque escuchar a las víctimas es indispensable, pero escucharlas una y otra vez, sin explicar qué ocurrió con sus exigencias anteriores, corre el riesgo de convertirse en otra forma de postergar las respuestas.

Y después de tantos años, el Congreso ya no puede actuar como si apenas estuviera enterándose del problema.

Y ya estando…

DIVIDE Y VENCERÁS: En San Luis Potosí se ha vuelto casi obligatorio colocarle una etiqueta política a quien ejerce el periodismo. Gallardista o galindista, cercano a unos o adversario de otros. Una clasificación que, más allá de su veracidad, termina siendo especialmente conveniente para quienes ocupan cargos públicos.

La fórmula de divide y vencerás funciona incluso sin necesidad de que el poder intervenga directamente. Mientras las diferencias entre periodistas se convierten en enfrentamientos, los funcionarios encuentran un escenario en el que las críticas pueden desestimarse por su supuesto origen político, sin necesidad de responder a su contenido.

El efecto es doble: por un lado, el escrutinio se desplaza hacia las disputas del propio gremio; por otro, cuestionar al poder puede convertirse en un riesgo de ser encasillado en una confrontación ajena. El silencio, entonces, puede parecer más conveniente que ejercer el derecho a preguntar.

Pero reconocer este problema tampoco significa conceder inmunidad profesional a nadie. Un periodista puede ser objeto de presiones políticas y, al mismo tiempo, incurrir en prácticas cuestionables, como apropiarse del trabajo de otros. Señalarlo no implica respaldar a sus adversarios ni justificar las agresiones que pueda enfrentar.

La cuestión es no permitir que las diferencias legítimas se conviertan en instrumentos para desacreditar cualquier crítica. Porque mientras el gremio dedica sus esfuerzos a demostrar de qué lado está cada quien, quienes deberían rendir cuentas pueden permanecer cómodamente fuera de la discusión. Al final, divide y vencerás no necesita vencedores entre periodistas. Le basta con que el poder deje de ser el cuestionado.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.