Abelardo Medellín

Christian Joaquín Sánchez Sánchez, ex diputado local, ex diputado federal y ex alcalde de Tampacán, participará en las elecciones del 6 de junio como candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció a través de su cuenta de Facebook el precandidato a la gubernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

En su publicación, Gallardo Cardona mencionó que “será un orgullo que [Christian Joaquín Sánchez] nos acompañe en esta gran aventura”, sin embargo cabe recordar que en el pasado del ex diputado no sólo figuran episodios donde se le vinculó con el uso de armas largas, sino también declaraciones donde denunció a la familia Gallardo por intentar desestabilizar un pueblo de la Huasteca.

LA HISTORIA RECIENTE DE CHRISTIÁN JOAQUÍN 

Christian Joaquín Sánchez inició su vida política como regidor en Tampacán del 2003 al 2006, para luego convertirse en alcalde de este municipio del 2009 al 2012.

Además, fungió como diputado local en la LX Legislatura del Congreso de San Luis Potosí del 2012 al 2015, para posteriormente convertirse en diputado por mayoría relativa en la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del 29 de agosto del 2015 al 31 de agosto del 2018, por el distrito 7 en Tamazunchale.

Luego de esta carrera política, mediáticamente no hay muchos registros del ex diputado, hasta septiembre del 2019, cuando amenazó con un rifle AR-15 a un actuario y comuneros de Tampacán que intentaron ejecutar la resolución de un juez del Tribunal Unitario Agrario, quien ordenó la restitución de un predio de 27 hectáreas que Sánchez Sánchez poseía de manera irregular.

En el incidente, el ex legislador amenazó a los comuneros y a punta de arma de fuego les dijo: “Mejor váyanse de aquí porque en media hora va a venir un grupo y van a ver […] yo no soy el dueño, el propietario ya metió otro juicio, díganle que mejor ya no les mientan a los comuneros”.

La amenaza que lanzó el ex diputado quedó grabada en un video donde este les quitó la orden a los comuneros y les señaló que la orden turnada por el juez tendría que ser revisada por su abogado antes de entregar las tierras; todo mientras Christian Joaquín Sánchez y sus escoltas sostenían armas largas.

El 19 de septiembre de 2019, dos días después del incidente con los comuneros, Christian Sánchez lanzó un comunicado a través de un video que replicó el portal de noticias El Cuarto Poder en su cuenta de YouTube, donde el ex diputado intentó explicar por qué la propiedad pertenece a su familia, y narra que le intento de quitarle las 27 hectáreas de tierra es golpeteo político orquestado por un ex alcalde llamado Filemón Hilario; sobre él aseguró que es un agitador social que “ha robado a los campesinos y ha saqueado al pueblo”.

En el mismo video, el nuevo candidato del PVEM a una diputación federal refirió que Filemón Hilario, en contubernio con los Gallardo y el Verde Ecologista, estaba “tratando de traer inestabilidad a nuestro pueblo […] Tampacán conoce el trabajo de mi familia, también conoce a los revoltosos, sabe quiénes buscan la ventaja y quieren ganarse el dinero fácil”.

A pesar de que en la grabación Christian Sánchez acusó que la problemática de los terrenos era un tema político provocado por Filemón Hilario y sus aliados en el PVEM, afirmó estar interesado en volver a la política “como derecho de todo ciudadano”, lo cual se consuma ahora con su candidatura por el mismo partido que alguna vez denunció.

Ahora Sánchez Sánchez aparece posando en fotografías con el precandidato del Verde Ecologista Ricardo Gallardo Cardona y el dirigente estatal del partido, Jesús Emmanuel Ramos Hernández, quienes le dieron la bienvenida al ex diputado a través de publicaciones de Facebook.

Lo último que se supo de la problemática de Christián Sánchez, sus terrenos y las determinaciones del Tribunal Unitario Agrario, fue que el 5 de marzo del 2020, un fuerte operativo comandado por la Guardia Nacional intervino, cumpliendo así con la ejecución de la resolución emitida por el juez agrario, en un movimiento donde estuvieron presentes por igual los comuneros de Macuilocatl.

Pese a que sólo se cumplía con la determinación ordenada por el juez y a que estuvo presente en los proceso de restitución y medición personal de seguridad de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Derechos Humanos, testigos aseguraron que hubo ciertas discusiones entre los ocupantes del lugar y las autoridades.