Por Victoriano Martínez
Si hay un organismo que represente la institucionalización de la corrupción, ese es la Auditoría Superior del Estado (ASE) que, como ente fiscalizador, se ha caracterizado no sólo por la simulación, sino por haber estado en el centro del mayor escándalo de los últimos años: la ecuación corrupta.
Como organismo de simulación, su utilidad va más allá de aparentar que se revisa que haya una correcta aplicación de los recursos públicos, aunque sólo se observen algunas irregularidades mínimas y se recuperen cantidades ínfimas de lo observado como desviado o mal aplicado.
La ASE resulta muy útil para prácticamente todos los servidores públicos que estén al frente de entes gubernamentales fiscalizables.
Como olvidar la frecuencia con que Ricardo Gallardo Juárez se defendía de los señalamientos como la compra simulada de medicamentos a la proveedora fantasma Sandra Sánchez Ruiz con el argumento de que su cuenta ya había sido dictaminada por la ASE.
Pero también resulta muy útil para vestirse de convencido demócrata creyente de la rendición de cuentas y poder afirmar, como cada que se presenta el proceso de renovación del titular de la ASE, que se buscará que no llegue un recomendado del gobernador o que no se le tome como botín político.
Siempre se ha dicho lo mismo y siempre ha resultado lo contrario. Hoy que los integrantes del Congreso del Estado se han mostrado, en tan poco tiempo, como los más sumisos al Ejecutivo que todas las anteriores Legislaturas, ¿por qué habría de ser diferente?
La detección de irregularidades en el Capítulo 1000 del presupuesto de la ASE no es ninguna novedad.
Cuando la ASE fue señalada como el instrumento de la ecuación corrupta, se reportó una fiesta fantasma para los trabajadores de la ASE con un daño patrimonial por más de 600 mil pesos sin que se haya dado cuenta de su recuperación, como ofrecieron los inculpados para librar la sanción penal.
Hay además dos casos de denuncias congeladas en la Fiscalía General del Estado (FGE). El caso de la nómina secreta que sirvió a sus ex funcionarios para extraer 2 millones 700 mil pesos de la dependencia.
El otro caso corresponde al desvío de los recursos que debieron reportar a la Dirección de Pensiones, a la que le dejaron de reportar las cuotas de los trabajadores de 2015 a 2017 y acumularon una deuda por 41 millones 190 mil 371.02 pesos. La denuncia se presentó por 34.4 millones de pesos.
Una Auditoría Superior del Estado que reproduce los esquemas de irregularidades cuya función es fiscalizarlos para que no ocurran. Si los reproduce, en la gran variedad que suele detectar encubre y simula de manera muy burda.
De acuerdo con sus informes de auditoría de los últimos cuatro años, la ASE apenas logra recuperar 76 centavos de cada 100 pesos que señala como aplicados de manera irregular. De acuerdo con el presupuesto que ha manejado cada año, que se logre reintegrar un peso al erario ha tenido un costo promedio de 76.20 pesos.
¿De qué sirve que hable de cientos de millones de pesos desviados cada año si logra recuperar menos del uno por ciento y las irregularidades detectadas no se traducen en sanciones ni en denuncias en contra de los responsables?
La ASE resulta así en una institución que incentiva a los servidores públicos para hacer mal uso del erario, se presta –con su simulación– para que se asuman como muy honrados en su desempeño y la utilicen en su discurso para proclamarse convencidos demócratas creyentes de la rendición de cuentas.
Tras la renuncia de Rocío Elizabeth Cervantes Delgado desde el 3 de diciembre, que hoy que se cumplen seis meses apenas se hable de nombrar a quien la sustituya da cuenta de la poca importancia que le han dado a la fiscalización.
Un panorama ante el que tendrán que demostrar con hechos que efectivamente se promoverá un sistema estatal de fiscalización que proteja el uso del erario, garantice la recuperación de los recursos mal utilizados y la sanción para los servidores públicos abusivos.
