Ciudad de México (22 de septiembre de 2016).- La desaparición de personas es un delito de lesa humanidad; en México se estima que hay alrededor de 100 mil desaparecidos, pero en este contexto nadie habla ni busca a los niños y adolescentes víctimas de este ilícito que abre la puerta a muchos más.
Tan sólo en Veracruz hay 60 adolescentes que, lo más probable, es que hayan sido objeto de reclutamiento forzado de la delincuencia organizada ya sea como sicarios, para ser esclavos en las cosechas en el norte del país o como esclavas sexuales en el caso de las mujeres.
El director de la Red por los Derechos de la Infancia (Reddim), Juan Martín Pérez García, refiere que la desaparición de niños y adolescentes significa un impacto hacia sus hermanos, compañeros de clases, sus padres y familiares cercanos, “y por ello es que es tan importante destacarlo como un hecho de crisis humanitaria”.
De acuerdo con un recuento que hicieron con base en denuncias y estadísticas oficiales, 6 mil 725 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años fueron reportados desaparecidos entre 2006 y 2014. Esto representa a 3 de cada 10 de los 22 mil 374 reportes de extravíos y desapariciones que tuvieron lugar en el país durante el mismo periodo.
Señala que particularmente adolescentes son el segmento más alto de acuerdo a los datos, y sobre éstos, las mujeres, “se les asocia primero con que andaban en malos pasos, no se les reconoce como víctimas, y eso inhibe la denuncia pública, porque son los casos denunciados, pero no sabemos cuántos realmente se estén dando”.
El principal problema con la desaparición de adolescentes menores de 17 años es esencialmente el reclutamiento forzado para la delincuencia organizada, y los principales estados donde se presenta esta problemática son Durango, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Estado de México y Morelos. “Lo hemos estado documentando y denunciando a nivel internacional y en México… el delito de desaparición es continuado y abre la puerta a otros delitos.
La persona está desaparecida en tanto no ha sido localizada por la autoridad y presentada con vida, o muerta, pero varios de los adolescentes que lograron escapar, escabullirse de los grupos criminales, han dado cuenta a la esclavitud a la que han sido víctimas en varias regiones del país”.
En Veracruz hay 102 menores desaparecidos entre 2007 a 2014, pero la mayoría de los casos, 66.6 por ciento, se dieron durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. De estas desapariciones 60 fueron adolescentes de 15 a 17 años , 30 hombres y 30 mujeres, y más del 50 por ciento de estos casos ocurrieron entre 2013 y 2014, de acuerdo con los datos de Reddim.
Además de ser reclutados o esclavizados, “muchas de las víctimas que después aparecen asesinadas en enfrentamientos, en realidad eran víctimas de reclutamiento forzado, principalmente adolescentes”.
Pérez García explica que hay modalidades, como en Durango, donde la esclavitud es para levantar la cosecha, y no les pagan, “el regalo es no matarlos, esto está sucediendo en todo el país, en el caso de adolescentes, 8 de cada 10 desaparecidos son mujeres, y claramente es esclavitud sexual”.
Dos casos que ilustrar perfectamente eso: Édgar, El Ponchis, el niño sicario de Morelos que el Ejército inventó como el sustituto de Beltrán Leyva, “cuando lo encuentran, los medios crearon un monstruo, pero era un niño, 14 años, y lo primero que dice cuando de manera ilegal lo presentan a medios, y que nadie escuchó, es que él había sido levantado, en lenguaje de narco es eso, que fue reclutamiento forzado, que era drogado para cometer delitos, y él reconoce la participación en cuatro homicidios”.
Y el caso Tlatlaya, 22 personas son ejecutadas, 2 jóvenes, 4 adolescentes, una de ellas mujer por la que se detona la investigación, “en 6 de ellos, sus familiares habían denunciado desaparición y secuestro en Guerrero, que no fue investigado”.
Es enfático: la desaparición es un delito de lesa humanidad, porque no sólo es el daño a la víctima y su familia, sino hacia toda la sociedad en su conjunto. Preocupa mucho, añade, esta “invisibilidad de los niños, niñas y adolescentes” desaparecidos, la gente tiene temor de hablar, de reconocer y denunciar que tienen un familiar desaparecido.
“Las autoridades inmediatamente que hay una víctima de desaparición, lo vinculan con el crimen organizado, y eso estigmatiza en vez de ayudar a la investigación, los revictimiza… y eso inhibe la denuncia pública, no sabemos cuántos casos realmente se estén dando”.
Es firme cuando afirma que el Estado es incapaz de detener esta situación, de prevenir que no suceda en municipios, y menos localizar a los menores, “prácticamente nadie está buscando a desaparecidos, pero a los niños y a las niñas menos, porque aquí se da una trampa con eufemismos como no localizados, extraviado o ausente, que aplica necesariamente a niños y adolescentes, y eso en automático significa que si es ausente, él se quiso ir, si esta extraviado, en cuanto logre acordarse del número telefónico llegará, todo eso hace que desestimen la búsqueda”.
De acuerdo con los protocolos, principalmente de Estados Unidos, las primeras horas son clave cuando se denuncia la desaparición de un menor, y si se activa la búsqueda en las primeras tres horas, hay 90 por ciento de probabilidades, y cada hora, día que pasan, va en contra de su supervivencia.
Señala que las historias que han recabado son “súper duras, porque no sólo es el hecho de tener un familiar, una adolescente desaparecida, sino el maltrato que reciben de las autoridades y la negativa para investigar con seriedad”.
Los casos que han documentado los están llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero, finalmente, concluye: “las autoridades no han hecho prácticamente nada, la ley que se discute en materia de desaparición no incluye ningún capítulo sobre la niñez, seguimos sin tener un protocolo único de búsqueda, seguimos teniendo los elementos que permitieron que esto creciera a niveles tan alarmantes pese al compromiso que hizo el Estado Mexicano en Washington”.
Fuente: Noticias MVS / Quadratín.
