Por Victoriano Martínez
La aprehensión de la ex secretaria de salud y ex candidata a gobernadora, Mónica Liliana Rangel Martínez, podría llegar a considerarse un paso en el combate a la corrupción de no tener tanto tufo a prolongación del denigrante espectáculo protagonizado por la politiquería en el proceso electoral 2020-2021.
“Para el Pollo vivir sin miedo es vivir con fuero para no regresar a la cárcel”, dijo Rangel Martínez en el debate del 28 de mayo de 2021, tras recordar el paso de Ricardo Gallardo Cardona por una cárcel federal de alta seguridad en 2015 y que Andrés Manuel López Obrador lo llamó mafiosillo el 11 de marzo de 2018, cuando visitó la ciudad como candidato presidencial.
Hoy el mafiosillo encabeza el gobierno que lleva a la cárcel a Rangel Martínez, quien fue su contrincante impuesta como candidata de Morena a la gubernatura en lo que se consideró una maniobra pactada por la gallardía con el dirigente morenista Mario Delgado para facilitarle la victoria electoral a Gallardo Cardona.
Saber si Rangel Martínez fue consciente o no del papel de comparsa que finalmente jugó en la elección el año pasado, a estas alturas resultaría revelador de los alcances que pueden tener las acciones, no sólo de Gallardo Cardona, sino de Mario Delgado, porque se sabría de lo que son capaces y a lo que están dispuestos para lograr sus objetivos.
“Quedo incluso mejor posicionado, con una oportunidad de que todavía me la deben, de que todavía puedo cobrar facturas”, dijo en entrevista con el diario Pulso el 21 de diciembre de 2020 sobre el rechazo de Morena local a apoyarlo como candidato a gobernador. El título de aquella entrevista es bastante significativo: Gallardo: ajuste de cuentas.
Dato que no debe pasar inadvertido es que la aprehensión de Rangel Martínez se da a dos días de que la gallardía le prestó un servicio a Morena y a López Obrador con el acarreo de votantes en el proceso de Revocación de Mandato. ¿Una prueba de fidelidad compensada?
Y no es que Rangel Martínez no deba algo. Tan solo en la cuenta pública de 2020, con ella al frente, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó irregularidades en la Secretaría de Salud por 732 millones 807 mil 567 pesos. Eso sólo fue en el año del inicio de la pandemia y seguramente alguna responsabilidad alcanza Rangel Martínez sobre lo observado.
El caso es que en el escueto comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) se regatea la información sobre los delitos por los que fue aprehendida Rangel Martínez y tres más de sus colaboradores.
Deja abierto un amplio espectro para la especulación como ocurrió con la aprehensión de Jaime Pineda Arteaga, ex secretario de Seguridad Pública, a quien –de entre cuantiosos casos de irregularidades– resultó que se le detuvo por un irregular arrendamiento de una vivienda.
La aprehensión de Rangel Martínez sería un buen paso en el combate a la corrupción si el caso tuviera como finalidad el resarcimiento de los cuantiosos recursos observados por la ASE, porque sería una buena señal de una acción de la justicia para proteger y recuperar el erario mal utilizado y desviado para beneficio de los funcionarios.
Tan buena señal sería, que se abrirían esperanzas de que prosperaran las denuncias ciudadanas contra ex diputados y ex alcaldes como, por ejemplo, las cinco congeladas en la FGE desde 2019 en contra de Ricardo Gallardo Juárez por peculados que acumulan 438 millones 166 mil 281.05 pesos, sin contar las seis presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Ya emocionados, los potosinos podrían pensar que esas acciones justicieras pro resarcimientos alentarían que la propia FGR actuara sobre la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera el 14 agosto de 2020 en contra de la familia Gallardo, incluido el actual gobernador, por el desvío de 724 millones 608 mil 296.43 pesos.
Lamentablemente, las acciones de la FGE no responden a las denuncias ciudadanas congeladas y sí a una agenda marcada por el actual gobierno, por lo que lo poco que se le pueda reconocer de un combate genuino a la corrupción queda minimizado por el tufo a desquites y venganzas como secuela de la degradante politiquería.
Un pleito en el lodo para impresionar a la población con tal efecto distractor, que los grandes arañazos de ambos bandos sobre el erario se mantienen intactos.
