Estela Ambriz Delgado
Ante la imposibilidad de notificar al Ministerio Público de Tampamolón Corona sobre el requerimiento de una diligencia para restituir las tierras y viviendas a las familias que fueron desalojadas de La Peña en la localidad de Agua Fría, fue vinculada la Fiscalía General del Estado (FGE) en su calidad de superior jerárquico, a fin de que gestione el cumplimiento de la orden emitida por el juzgado federal.
De acuerdo a lo manifestado por el actuario judicial Jorge Eduardo Marván Carrillo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, no fue posible notificar a la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Tampamolón Corona debido a que las oficinas estaban cerradas, lo que sustenta con evidencia fotográfica.
En cumplimiento a lo resuelto en la queja 195/2026 el pasado 24 de junio, el día 29 del mismo se instruyó al actuario para notificar el requerimiento de que en el término de tres horas informara la fecha y hora fijada, a efecto de que tenga verificativo la diligencia en que se restituya la vivienda y tierras de las que la comunidad indígena fue lanzada en el Rancho La Peña.
Sin embargo, ante la imposibilidad de notificar a la autoridad, con fundamento en el artículo 10, fracción I de la Ley Orgánica de la FGE, se vincula a la fiscal Manuela Cázares, en su calidad de superior jerárquico, a efecto de que tome las medidas necesarias para que, en el término de doce horas contado a partir de que se encuentre debidamente notificada, informe las gestiones desplegadas a efecto de que la autoridad responsable cumplimente la orden.
Por su parte, un grupo de aproximadamente 30 personas de origen tének y nahua que fueron desalojados el pasado 9 de junio se presentaron el día de ayer en las oficinas del Ministerio Público para pedir información respecto al cumplimiento de la orden del juez federal; no obstante, la persona que los recibió les dijo que no tenía información al respecto.
En un video de dicho momento proporcionado a Astrolabio se observa que la persona les dice que la carpeta se está trabajando, pero no ahí, por lo que no tiene información, y en caso dado podrían acudir a la delegación de la FGE en Xolol, por lo que los conmina a comunicarse o trasladarse ahí.
Ante esta respuesta, los afectados dejaron un escrito en el que solicitan la restitución inmediata de las tierras de las que fueron desalojados con violencia y de las viviendas que fueron destruidas, de acuerdo con la orden del Juzgado Quinto de Distrito que les otorga la suspensión provisional.
