Fernanda Durán
Esta semana el Poder Legislativo recibió una iniciativa que propone modificar el Reglamento del Congreso del Estado de San Luis Potosí para incorporar un mecanismo de prevención en el trámite de iniciativas ciudadanas, con el que se busca evitar que sean desechadas de manera inmediata por omisiones formales subsanables.
El documento —presentado por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, turnado a la Comisión de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias—, plantea reformar y adicionar diversas disposiciones, entre ellas los artículos 42, 52, 53 y 64, además de incorporar un nuevo artículo 42 Bis, con el objetivo de establecer un procedimiento previo de revisión y corrección antes de determinar la improcedencia de estas propuestas.
En la exposición de motivos, el promovente parte de una crítica al diseño actual del procedimiento legislativo, al considerar que si bien el reglamento establece requisitos claros para las iniciativas ciudadanas —como acreditar la ciudadanía, proporcionar medios de contacto, anexar identificación y presentar un cuadro comparativo—, no contempla una regla expresa que obligue a la autoridad parlamentaria a prevenir a los promoventes cuando estos incumplen parcialmente con las formalidades.
La iniciativa sostiene que esta omisión normativa puede derivar en un “formalismo desproporcionado”, al permitir que errores subsanables conduzcan directamente al desechamiento lo que, a su juicio, limita el ejercicio del derecho de iniciativa ciudadana.
Asimismo, plantea que el procedimiento parlamentario debe ordenar el acceso a la producción normativa, “no extinguirlo”, especialmente cuando se trata de participación ciudadana.
En este contexto, la efectividad de las iniciativas ciudadanas ha sido limitada, pues de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria que actualiza el Poder Legislativo, alrededor de 80 iniciativas ciudadanas presentadas en el Congreso del Estado, apenas una de cada ocho ha prosperado, mientras que cerca del 50 por ciento permanece aún en comisiones sin resolución, lo que evidencia rezagos y filtros en su procesamiento legislativo.
El eje central de la propuesta es la creación del artículo 42 Bis, mediante el cual se establece un procedimiento de revisión preliminar de las iniciativas ciudadanas. Este mecanismo obligaría a las áreas técnicas del Congreso a emitir, por una sola ocasión, una prevención cuando detecten omisiones subsanables, detallando con precisión los requisitos faltantes y otorgando un plazo no menor a cinco días hábiles para corregirlos.
Asimismo, se plantea que dicha prevención deberá notificarse por diversas vías: personalmente, por correo electrónico o por estrados; en caso de ser atendida en tiempo, la iniciativa conservará la fecha original de presentación. En contraste, solo procedería el desechamiento cuando la omisión sea insubsanable, la materia esté excluida por la ley o la persona promovente no atienda la prevención.
De manera complementaria, la reforma propone modificar el artículo 52 para impedir que las comisiones legislativas propongan el desechamiento de iniciativas ciudadanas sin haber agotado previamente este procedimiento de prevención.
También plantea ajustar el artículo 53 para permitir que aquellas iniciativas desechadas únicamente por cuestiones formales puedan volver a presentarse en el mismo periodo ordinario, siempre que no se haya cumplido con la prevención correspondiente.
En el caso del artículo 64, la iniciativa introduce un estándar más estricto para los dictámenes que propongan la improcedencia de iniciativas ciudadanas, al obligar a que se documenten de manera específica las constancias de prevención, su notificación, el plazo otorgado y la respuesta del promovente, como condición para validar el desechamiento.
El proyecto también incluye disposiciones transitorias entre ellas la obligación de que las áreas administrativas del Congreso adecuen sus procedimientos internos en un plazo de 30 días hábiles, además de aplicar el nuevo esquema a iniciativas en trámite que presenten omisiones subsanables.
