Fernanda Durán
La reforma que separa los requisitos para encabezar la Fiscalía General del Estado (FGE) de aquellos exigidos para las magistraturas quedó formalmente aprobada después de recibir el aval de 36 ayuntamientos de San Luis Potosí.
Con la modificación al artículo 122 Bis de la Constitución local, quienes aspiren a la titularidad de la FGE deberán tener al menos 35 años, título y cédula profesional en Derecho con cinco años de antigüedad, residencia mínima de dos años en el estado y una trayectoria profesional de al menos cinco años en áreas como procuración de justicia, litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal.
La Diputación Permanente del Congreso del Estado realizó la declaratoria correspondiente luego de contabilizar 38 actas de Cabildo. De ellas, 36 respaldaron la reforma y dos fueron en contra, correspondientes a San Nicolás Tolentino y Tamuín.
Con este resultado se cumplió el requisito previsto en el artículo 138 de la Constitución local para las reformas constitucionales, que deben ser aprobadas por el Congreso y posteriormente por la mayoría de los ayuntamientos.
La modificación había sido avalada por el Pleno el 12 de agosto con 17 votos a favor y seis en contra. Su principal cambio consiste en eliminar la disposición que obligaba a que la persona titular de la Fiscalía cumpliera los mismos requisitos establecidos para ocupar una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia.
A partir de la reforma judicial, los requisitos para las magistraturas fueron modificados, por lo que el Congreso incorporó directamente en la Constitución local las condiciones aplicables a futuras designaciones en la Fiscalía.
Entre los cambios también se encuentra la eliminación del requisito de ser potosina o potosino por nacimiento. En su lugar, se establece haber residido en San Luis Potosí durante los dos años anteriores a la designación.
En materia política, no podrá ser designada una persona que haya ocupado la gubernatura, una diputación local o una presidencia municipal durante el año anterior al nombramiento, ni quien haya encabezado un partido político en los tres años previos.
La reforma mantiene en siete años el periodo de la persona titular de la Fiscalía y conserva el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo estatal presenta una terna y el Congreso realiza la designación.
Uno de los artículos transitorios establece que las nuevas disposiciones no serán aplicables de manera retroactiva a la actual fiscal, María Manuela García Cázares, quien continuará en el cargo bajo las condiciones de su nombramiento original.
La declaratoria de la Diputación Permanente cierra ahora la etapa de aprobación por parte del Constituyente Permanente local, después del respaldo del Congreso y de la mayoría de los Cabildos.
