Fernanda Durán
Luego de que el Congreso del Estado derogara disposiciones penales relacionadas con el uso de inteligencia artificial (IA), tras los cuestionamientos sobre su constitucionalidad y posibles afectaciones a la libertad de expresión, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, propone crear una comisión legislativa especializada que concentre el análisis de futuras regulaciones sobre esta tecnología.
La iniciativa, que será recibida este martes 27 de octubre por el Congreso del Estado, plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para incorporar una Comisión Permanente de Inteligencia Artificial, con facultades para estudiar iniciativas, revisar la legislación vigente, promover investigaciones y establecer mecanismos de colaboración con especialistas, instituciones públicas y organizaciones civiles.
La propuesta contempla adicionar la fracción XXVIII al artículo 96 y crear el artículo 122 Bis, con lo que el Congreso pasaría de 27 a 28 comisiones permanentes. A diferencia de las reformas que buscan regular directamente determinadas aplicaciones de la IA, este proyecto se concentra en modificar la organización interna del Legislativo para establecer un órgano dedicado exclusivamente a la materia.
En su exposición de motivos, Gama Basarte señala que la rápida evolución de la inteligencia artificial ha dejado atrás las regulaciones existentes y representa un desafío para los legisladores. Explica que, mientras esta tecnología puede utilizarse para cometer fraudes o producir material falsificado, también permite agilizar procesos productivos y apoyar el aprendizaje, por lo que considera que las disposiciones relacionadas con inteligencia artificial no deben desarrollarse de manera aislada, debido a que sus efectos alcanzan diferentes ámbitos jurídicos y sociales.
Ante esto, plantea que los congresos estatales cuenten con mecanismos para revisar sus leyes desde una perspectiva integral, particularmente mientras México no disponga de una legislación general que establezca criterios comunes para su regulación.
La propuesta surge en un contexto en el que San Luis Potosí ya experimentó las dificultades de legislar sobre esta tecnología durante el último año, lo anterior a través del caso específico de la llamada “Ley Serrano“.
En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una reforma al Código Penal que incorporó los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter, mediante los cuales se establecieron sanciones de prisión para determinadas conductas relacionadas con la manipulación de imágenes, voces e identidades, la difusión de contenidos falsos y la suplantación de comunicaciones institucionales mediante inteligencia artificial.
Estas disposiciones fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que contenían conceptos ambiguos, ampliaban excesivamente el alcance del derecho penal y podían inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información.
De acuerdo con el artículo 122 Bis propuesto, la nueva comisión tendría seis atribuciones principales, entre ellas conocer las reformas legales y acuerdos relacionados con inteligencia artificial que sean competencia del Congreso del Estado.
También podría fungir como enlace con autoridades federales, estatales y municipales; revisar las disposiciones vigentes para proponer modificaciones; abrir espacios de participación con organizaciones civiles, universidades y centros de investigación, así como impulsar estudios e informes sobre el desarrollo, implementación e impacto de estas tecnologías en San Luis Potosí.
Otra facultad permitiría atender asuntos similares que, a consideración de la Presidencia de la Directiva del Congreso, correspondan al ámbito de la nueva comisión.
Sin embargo, el proyecto no establece criterios para determinar qué iniciativas relacionadas con inteligencia artificial deberán turnarse exclusivamente a este órgano y cuáles tendrían que analizarse conjuntamente con otras comisiones, como las encargadas de justicia, educación, derechos humanos o asuntos constitucionales.
Tampoco desarrolla mecanismos obligatorios de evaluación de impacto en derechos humanos, requisitos de dictaminación técnica o procedimientos específicos para incorporar las observaciones de especialistas a las propuestas legislativas.
Como parte de su justificación, Gama Basarte recuerda que el Congreso potosino ha abordado la inteligencia artificial desde diferentes materias, entre ellas la penal, educativa y tecnológica.
También menciona los ejercicios de parlamento abierto realizados en diciembre de 2025 y julio de 2026, este último orientado a construir una agenda de discusión sobre los límites éticos, alcances y desafíos de la inteligencia artificial.
El diputado sostiene que la diversidad de asuntos relacionados con esta tecnología requiere un órgano capaz de dar continuidad a los trabajos legislativos y atender sus constantes transformaciones.
En ese sentido, la iniciativa plantea crear una comisión especializada que permita estudiar las propuestas de manera integral, en lugar de distribuirlas únicamente entre órganos legislativos cuyas atribuciones principales corresponden a otras materias.
Esta discusión coincide con las advertencias formuladas por Saúl Rodríguez Corona, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien recientemente señaló que el desarrollo tecnológico avanza más rápido que la construcción de normas jurídicas en México.
Rodríguez Corona ha señalado que una regulación adecuada debe considerar la protección de datos personales, los derechos de autor, la responsabilidad por daños, los sesgos discriminatorios y la supervisión humana de los sistemas automatizados.
También ha destacado la importancia de contar con criterios generales y de escuchar a universidades, desarrolladores y especialistas antes de establecer nuevas disposiciones.
“Es fundamental que sea auxiliar en el quehacer diario, como en la justicia, siempre y cuando no dependa totalmente de su autonomía; tiene que estar siempre supervisada por personas”.
La iniciativa retoma como referencia internacional el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que establece obligaciones diferenciadas según los riesgos de los sistemas tecnológicos para la seguridad, la salud y los derechos fundamentales.
Asimismo, menciona las experiencias regulatorias de Perú y Estados Unidos, además de reconocer que en México existen distintas iniciativas federales pendientes para construir una legislación general.
En caso de aprobarse, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y concedería un plazo de 30 días naturales para integrar la Comisión Permanente de Inteligencia Artificial.
