Por Victoriano Martínez
Hoy se realizará la audiencia número 14 del juicio oral en contra de Alejandro N., exfuncionario del DIF acusado de violación agravada, y después de 99 días no sólo ha quedado exhibida la saña con que la defensa busca estigmatizar a la víctima para anular la responsabilidad del imputado, sino también la insensibilidad del Poder Judicial hacia las víctimas, así, en plural.
En el caso de la víctima de Alejandro N. se trata de un menor de edad que suelen llamar institucionalizado porque sus circunstancias familiares provocaron que su desarrollo quedara bajo responsabilidad del Estado, cuyos representantes le fallaron en cada etapa de su niñez y adolescencia, al grado de dejarlo a disposición de quien abusó sexualmente de él.
Una víctima en un contexto que le imposibilitaba alzar la voz a tal grado que, aun hoy que ya cuenta con 18 años de edad, todavía requiere la tutela de la autoridad especializada, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), según lo acordó el propio Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado desde la primera audiencia no suspendida el 4 de julio.
Hasta ahora, esa determinación de mantener la tutela de la PPNNA resulta la más visible y casi aislada señal de que los integrantes del tribunal, los jueces Francisco Pablo Alvarado Silva, Carlos Alberto Álvarez Hernández y Javier Pérez Contreras, tienen algo de sensibilidad, porque después han dado muestras de anteponer su condición burocrática sobre el interés superior de la niñez.
Sus vacaciones, un compromiso académico, la desorganización de su agenda fueron antepuestos a la prioridad que constitucional y legalmente les corresponde aplicar para atender el interés superior de la niñez que, en el caso, sacrificaron la tranquilidad de la víctima al usar esos motivos para aplazar las audiencias, además de violar su obligación para una justicia pronta y expedita.
Seguramente los aplazamientos forman parte de todos los juicios, pero lo cuestionable no es que aplacen las audiencias, sino los motivos por los que lo hacen, por el menosprecio que denotan para con la importancia de la responsabilidad que tienen como quienes aplican justicia.
De por sí, desde el momento en que acuden a presentar su denuncia las víctimas se topan con reacciones por parte de la autoridad que se basan en una narrativa estigmatizante que suele desalentar la contradictoriamente promocionada cultura de la denuncia. Las estadísticas son contundentes: En el Estado el 92.5 de los delitos no se denuncian.
Del 7.5 por ciento de los delitos que son denunciados, sólo sobre la mitad (49 por ciento) se inician carpetas de investigación. De ahí a que los casos sean judicializados la cifra se vuelve mínima.
En otras palabras, el Poder Judicial atiende a mucho menos de tres de cada cien víctimas de algún delito y cuando se trata de casos tan sensibles como desapariciones, feminicidios y violaciones, los afectados –como en el caso Alejandro N.– enfrentan la indolencia de jueces con perspectiva burocrática mal entendida.
Tan burocrático e insensible resulta el trabajo de quienes representan al Poder Judicial, que en su condición de víctimas secundarias –como denunció la familia de Fernanda Guadalupe Morán, víctima de feminicidio desde 2020– las someten a “audiencias combo” en las que tratan varios casos.
“Me tocó que mi carpeta fuera la última en la audiencia. Yo era la tercera y antes de eso me tocó escuchar la audiencia de un feminicida y un violador. El violador describió su crimen fríamente y a mí me dio ansiedad”, relató la madre de Fernanda.
Una sorprendente actitud para realizar los juicios con perspectiva burocrática mal entendida que sacrifica cualquier perspectiva de protección a las víctimas, a quienes se somete a angustias y padecimientos adicionales.
“Se me hace injusto que después de llevar un duelo tengamos que estar suplicando justicia…”, fue la expresión de la madre de Fernanda que podría ser parafraseada por cualquier víctima, porque después de haber sufrido una afectación por parte de su agresor, se enfrentan a la agresión institucional de las instancias de procuración de justicia, con los jueces al final de la cadena.
Si algo han comenzado a exhibir los juicios orales públicos es la forma en la que los jueces parecen más preocupados por privilegiar derechos de los victimarios por encima de los que deberían y en algunos casos están obligados legalmente a privilegiar en favor de las víctimas.
En el caso Alejandro N., los innumerables aplazamientos se dieron en su mayoría por petición de la defensa y, en los que no, se tuvieron indicios de que se trató de acuerdos orquestados que de alguna manera dieron ventajas para el imputado antes que a la protección de la integridad y la dignidad de la víctima, sometida involuntariamente a tensiones de las que es el menos responsable.
Hoy se reanudan las audiencias del juicio contra Alejandro N. con la más perversa combinación obstructora y con capacidad para torcer la justicia: jueces que dan preferencia al interés del victimario, una defensa excesivamente estigmatizante contra la víctima y –lo más peligroso– presiones indebidas desde los poderes político, económico y de clase social.
El Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado, integrado por los jueces Francisco Pablo Alvarado Silva, Carlos Alberto Álvarez Hernández y Javier Pérez Contreras, se acerca cada vez más a demostrar su verdadera vocación por aplicar justicia… o contribuir a un mayor descrédito al ya poco confiable sistema de justicia.
