Por Victoriano Martínez
Prácticamente nueve de cada diez feminicidios clasificados como tales por la Fiscalía General del Estado (FGE) en los últimos siete años se mantienen en una impunidad tan campante que en los últimos 16 meses goza de total plenitud: no hay ni un solo responsable sentenciado por ese delito.
Entre enero de 2015 y abril de este año, de acuerdo con la FGE, se han registrado 209 feminicidios en el Estado y sólo se han logrado sentencias en 23 casos, que representan el 11 por ciento. En otras palabras, el 89 por ciento de los feminicidas no han sido castigados.
Un panorama que muestra la escasa capacidad de la FGE, como ente de procuración de justicia, para promover que los feminicidios no queden en la impunidad.
La cifra por sí sola representa un panorama que muestra el grave riesgo que viven las mujeres si se considera que dejar impune un feminicidio es incrementar las posibilidades de que se cometan otros.
El panorama se vuelve aún más grave si se observa el contraste en las estadísticas relacionadas con el creciente número de feminicidios contra el decreciente número de casos que la FGE logra llevar a sentencias contra los responsables.
Aunque una sentencia no necesariamente corresponda a un feminicidio ocurrido el mismo año por los plazos que transcurren entre el inicio del proceso y la determinación del juez, el contraste entre casos ocurridos y sentencias dictadas en un año da una idea de la carrera entre feminicidas y responsables de sancionarlos.
En 2015 el número de sentencias representó el 57.14 por ciento del número de feminicidios ocurridos ese año: en 2016, el 9.68; en 2017, el 21.43; en 2018, el 18.52; en 2019, 15.79; en 2020, el 6.67, y en 2021 el cero por ciento. La FGE prácticamente abandonó la carrera.
En los cuatro primeros meses del presente año la acción de la FGE sigue sin aparecer. Si se considera el sexenio en curso, en sus primeros siete meses no ha logrado promover que en un solo caso de feminicidio los responsables reciban sentencia.
El testimonio de la señora Susana Cruz González, madre víctima indirecta del feminicidio de su hija Susana Guadalupe Viramontes Cruz ocurrido en 2012, da cuenta de una agravante más: la nula atención que reciben las víctimas por parte de las autoridades y de los organismos creados para su acompañamiento y apoyo.
“Sólo exhiben la complicidad que existe para no atender debidamente a las víctimas y esto ha resultado también en las omisiones que comete la Fiscalía para actuar conforme al protocolo y que de ello resulten sentencias condenatorias mucho más largas”, comentó.
Una complicidad simuladora a la que no le alcanza más que para ser reactiva ante los logros de las luchas por las víctimas al exigir justicia: como seguimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo en revisión 1284/2015, el Congreso del Estado decretó el 14 de mayo como “Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el Estado de San Luis Potosí”.
“Se reconoce que la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”, dice la exposición de motivos del decreto.
Una impunidad que la autoridad reconoce que perpetúa la violencia contra las mujeres, pero a la que le permite campear sin que se acrediten esfuerzos suficientes para combatirla.
Miguel Ángel García Amaro, recién nombrado titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), informó que llevan la representación de 90 casos de feminicidios, entre ellos algunos que datan desde el 2012.
Si desde 2015 a la fecha se tiene registro de 209 feminicidios, García Amaro en realidad revela que esa instancia ha abandonado a las víctimas indirectas de cuando menos 119 casos, más los que hayan ocurrido entre 2012 y 2015. Sobre todo por el hecho informado por la FGE: hay al menos 186 casos que se mantienen en la impunidad en los últimos siete años.
El alto porcentaje de abandono a las víctimas que hoy padecen las secuelas de un feminicidio (al menos 57 por ciento) muestra la omisión de las autoridades, pero también el silencio al que tienen que resignarse la mayoría porque ven pocas posibilidades de acceder a la justicia.
Para colmo, cuando levantan la voz y exigen justicia, la reacción de la autoridad es aplicar una violencia institucional con tal cinismo que mientras el Congreso del Estado nombra a quien debe apoyarlas, a las puertas del recinto se les reprime.
