La CEGAIP se desmantela antes de desaparecer

Fernanda Durán

La cuenta regresiva para el proceso electoral de 2027 avanza y, con ella, comenzarán a llegar al Congreso del Estado iniciativas que, a primera vista, podrán sonar novedosas, llamativas o incluso progresistas. El problema es que, mientras se abre espacio para nuevas agendas, otras reformas que ya deberían estar resueltas siguen desplazándose hacia después. Una de ellas es la legislación secundaria en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

El Congreso se dio 120 días naturales para armonizar esas leyes después de la reforma constitucional que ordenó desaparecer a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). Ese plazo venció desde finales de julio. Las iniciativas finalmente fueron recibidas el 4 de agosto y, más de dos meses después, continúan sin dictamen ni una fecha cierta para su aprobación. El propio texto constitucional establece que la CEGAIP sólo se extinguirá cuando entre en vigor esa legislación secundaria.

Así que la CEGAIP todavía no desaparece, pero ya comenzó a quedarse sin casi todo lo que hace posible que una institución exista.

Su agonía institucional tampoco comenzó esta semana. Antes de hablar siquiera de su nueva sede, la Comisión ya venía trabajando con una integración incompleta. Después llegó la reforma constitucional que decretó su desaparición y, ante la falta de las leyes necesarias para concretarla, fue necesario prolongar mediante disposiciones transitorias la permanencia de sus actuales responsables para evitar que el organismo quedara acéfalo.

Ahora el deterioro también alcanzó su capacidad material. La CEGAIP ya no tuvo recursos suficientes para mantener el arrendamiento de sus instalaciones. Desde octubre opera en un inmueble utilizado por la Contraloría General del Estado, que le fue facilitado sin cobro de renta. Su presidente, José Gerardo Navarro Alviso, ha insistido en que esto no representa todavía una incorporación a la Contraloría ni forma parte jurídicamente de la transición.

Y aunque es verdad en la precisión legal, resulta difícil ignorar el simbolismo. El organismo autónomo creado para revisar al poder termina sus días instalado en el espacio de una dependencia del Ejecutivo precisamente cuando el modelo que habrá de sustituirlo contempla un organismo desconcentrado relacionado con la estructura estatal de control.

La propia reforma constitucional ya ordenó abandonar el esquema de una autoridad autónoma única para distribuir las funciones entre nuevas autoridades garantes.

La mudanza tampoco llegó sola. De las 42 personas que hasta hace poco integraban la CEGAIP, diez ya habían sido notificadas sobre la terminación de su relación laboral o se encontraban en procesos de convenio. Navarro Alviso admite que difícilmente toda la plantilla podrá transitar al nuevo modelo porque las funciones que hoy concentra la Comisión se repartirán entre distintas autoridades.

Es decir, la institución se está reduciendo antes de que exista por completo aquello que habrá de reemplazarla: Primero pierde personal; después deja su inmueble; mientras tanto, las reglas definitivas siguen en una comisión legislativa.

El problema ya no consiste solamente en cuánto tardó el Congreso, también está pendiente saber qué va a sobrevivir de los derechos que San Luis Potosí ya había construido.

En tanto la diputada suplente Antonia Castro Castañeda no ha podido dar declaraciones concretas o información sobre el avance de las reformas, el diputado Luis Felipe Castro Barrón, integrante de la Comisión de Transparencia y autor de las únicas iniciativas que actualmente sirven como punto de partida para las nuevas leyes, ha asegurado que buscarán que los derechos adquiridos “no se muevan” y que la legislación resulte “lo más acorde a lo que ya se tenía”.

Suena bien hasta que la promesa se confronta con preguntas concretas. Uno de los ejemplos más claros es la periodicidad con la que debe actualizarse determinada información pública. La legislación potosina ha tenido obligaciones con actualización mensual; la propuesta presentada plantea como regla general una actualización trimestral.

Cuando se le preguntó directamente a Castro Barrón si se preservaría la periodicidad mensual, no hubo una garantía. La respuesta fue que se trata de “uno de los temas más complejos”, porque la Plataforma Nacional trabaja con periodos de tres meses y debe analizarse de qué manera puede concordarse el esquema local con el nacional.

Entonces la discusión cambia porque ya no es si existe voluntad discursiva para conservar derechos adquiridos. Es cuáles se conservarán efectivamente cuando entren en conflicto con el diseño técnico que se pretende homologar.

Algo semejante ocurre con la autonomía. Durante los foros organizados para discutir la reforma se ha hablado de construir un sistema “más ciudadano”, “más independiente” y con mayor capacidad de sanción. Marco Antonio Gama Basarte incluso puso el problema sobre la mesa de manera directa: “que el Estado no se vigile a sí mismo”.

El planteamiento resulta difícil de reconciliar con un diseño constitucional que justamente reparte la revisión entre organismos vinculados a los propios poderes públicos.

Cuando se pregunta cómo garantizar independencia dentro de estructuras que administrativamente forman parte de esos poderes, las respuestas vuelven al terreno de las intenciones: habrá que dialogar, estudiar alternativas, encontrar mecanismos locales y aprovechar los márgenes de la armonización.

Pero la ley no se construye con adjetivos, “Ciudadano”, “independiente”, “autónomo” o “garante” significan poco si no van acompañados de mecanismos que permitan sostenerlos cuando la autoridad a revisar pertenece a la misma estructura de la autoridad revisora.

A ello se suman otros problemas que especialistas han advertido durante los foros: qué ocurrirá con la gestión documental y los archivos, quién garantizará la protección de datos personales, cómo se supervisará el uso de inteligencia artificial dentro de las dependencias, qué capacidad sancionadora tendrán las nuevas autoridades y qué tan accesible seguirá siendo para una persona inconformarse cuando no recibe la información que pidió.

La desaparición del INAI y la reforma federal no eliminaron el derecho de acceso a la información. Tampoco permiten que los estados simplemente ignoren el nuevo modelo. San Luis Potosí está obligado a armonizar su legislación y el Congreso reconoce expresamente ese mandato.

La discusión entonces, no consiste en fingir que la reforma federal puede deshacerse desde el ámbito local, sino en determinar qué tanto del piso de protección que ya existía puede conservarse por encima del mínimo nacional.

El propio Congreso estableció desde la reforma constitucional que tendría 120 días para resolverlo, no lo hizo… luego se dijo que las leyes podrían quedar listas al regreso del receso legislativo, tampoco ocurrió; después comenzaron foros, mesas, observaciones de organizaciones, comentarios de la CEGAIP y consultas sobre aspectos técnicos y ahora ni siquiera existe una fecha.

Y eso empieza a provocar una situación absurda: una institución destinada a desaparecer debe seguir tomando decisiones administrativas y presupuestales como si pudiera continuar. Si el proceso sigue prolongándose, tendrá incluso que prever recursos para sobrevivir otro ejercicio fiscal, aunque nadie pueda responder todavía cuánto tiempo existirá ni con qué estructura llegará al final.

Los foros pueden ser útiles. De hecho, varias de las advertencias surgidas de ellos deberían obligar a modificar las iniciativas, pero sólo tendrán sentido si dejan huella en los dictámenes.

De lo contrario, se convertirán en una acumulación de opiniones a medida que la única propuesta legislativa existente sigue avanzando como base prácticamente inevitable del nuevo sistema.

San Luis Potosí corre el riesgo de convertirse en una copia más del modelo federal: cambiar de nombre a las instituciones, repartir funciones entre dependencias y llamar “armonización” a una reforma que termine reduciendo obligaciones y haciendo más difícil acceder a la información.

La CEGAIP ya redujo personal, dejó su inmueble y opera en un espacio facilitado por la Contraloría. Lo que sigue sin existir es la certeza de que el sistema que la sustituya conservará los avances que San Luis Potosí había construido.

Navarro Alviso habla de aprovechar el expertise acumulado por quienes hoy trabajan en la CEGAIP y de que parte de ese personal pueda incorporarse a las nuevas áreas de transparencia. Esta será otra prueba para la reforma: saber si realmente se privilegia la experiencia técnica o si la creación de nuevas oficinas termina convirtiéndose en una oportunidad para repartir nuevos espacios de confianza.

Ahí está el verdadero riesgo de esta transición: que después de meses de retrasos, foros y promesas, el Congreso termine aprobando un copia y pega de la legislación federal y que, cuando finalmente desaparezca la CEGAIP, no sólo haya cambiado la institución, sino también se haya reducido la capacidad ciudadana para exigir información en cada dependencia.

Porque desaparecer un organismo puede hacerse por decreto. Recuperar un derecho que se dejó perder es mucho más complicado.

Y ya estando…

MILITANCIA PRESTADA: El pleito interno del PT sigue dando de qué hablar. Aunque la coordinadora parlamentaria, Leticia Vázquez Hernández, insiste en que ella y sus compañeros de bancada pertenecen al partido y defienden sus siglas, parece olvidar que la propia dirigencia petista ha señalado, incluso mediante comunicados públicos desde hace casi un año, que no cuentan con militancia en ese instituto político.

La situación no sería exclusiva de Vázquez Hernández, sino también de sus compañeros Tomás Zavala González, Jacquelinn Jáuregui Mendoza y María Antonia Castro Castañeda, quienes llegaron al Congreso bajo las siglas del PT por mayoría relativa. Tal parece que confunden haber sido postulados por un partido con pertenecer formalmente a él, o al menos así lo quieren hacer creer a la ciudadanía.

Quizá alguien debería recordarles que en el Congreso no sería ninguna novedad tener una militancia distinta al partido cuya bancada integran. No hace falta fingir una afiliación para justificar una curul, mucho menos cuando su cercanía con el Partido Verde ha sido precisamente uno de los motivos de la ruptura con el dirigente estatal del PT, Gerardo Acosta Zavala.

Y mientras los legisladores desconocen al dirigente estatal, pero se aferran a las siglas del PT, el conflicto sigue creciendo entre una dirigencia que los cuestiona y una bancada que prefiere llevar sus diferencias hasta la dirigencia nacional. Al final, parece que el problema no es tanto quién pertenece al partido, sino quién tiene derecho a hablar y decidir en su nombre.

DESMANTELADA: A Roxana Hernández le bastaron menos de dos meses al frente de la Secretaría de las Mujeres para que comenzaran a circular versiones sobre una salida masiva de personal. Entre quienes habrían sido despedidas están incluso abogadas que daban seguimiento a casos de mujeres víctimas de violencia, sin que hasta ahora se conozca si ya fueron sustituidas. Si esto se confirma, el problema no es sólo administrativo: dejar expedientes sin continuidad puede traducirse en mujeres nuevamente desprotegidas por la propia institución que debería acompañarlas. Y mientras se aproxima su primera comparecencia, la pregunta es inevitable: ¿Roxana Hernández llegará a explicar una dependencia fortalecida, una plantilla improvisada o una Secretaría vaciada antes siquiera de empezar a consolidarse?

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.