Abelardo Medellín Pérez
Fuera de las amenazas disfrazadas, la jactancia lamentable y la parafernalia esperada, el informe del gobernador Ricardo Gallardo Cardona esta semana no trajo nada nuevo ni trascendente para la vida pública de San Luis Potosí; sin embargo, sí reveló que el gobierno del estado tiene una muy equivocada percepción del trabajo y las responsabilidades que tiene con la educación en el Estado.
Hablar de la responsabilidad estatal sobre la educación es profundamente complejo porque, como en la feria, cada quien cuenta cómo le fue, pero muchas veces ignoramos (o, como el gobierno, omitimos) cómo les va a los demás.
Pensemos, por ejemplo, en la propuesta del gobernador de prohibir el uso de celulares en las aulas de educación básica del estado.
Más allá de que esto sea otro de los descarados plagios a políticas públicas federales que el gobierno se apropia, la idea tiene tantos matices que el gobernador no ha contemplado y, aparentemente, nadie ha tenido a bien explicarle.
¿Qué pasa con los jóvenes que llevan celular a la escuela como una forma de contactarse con los padres por temas de seguridad? ¿Qué instrumentos o sanciones podrán ejercer las escuelas y directivos para cumplir con la prohibición? ¿Qué se hace cuando un joven lleva un celular y se niega a entregarlo? ¿Se le trata igual que si llevara un arma u otro objeto prohibido? ¿Dónde queda la responsabilidad de los padres? ¿Se convertirá la contraindicación del celular en una política pública sugerida a las familias?
La idea en papel, como muchas, es buena y atiende un problema real en las aulas del Estado; el conflicto llega cuando proponen implementar una iniciativa que se pensó, no para ayudar a la población, sino para vender la imagen del gobernador como la de un mandatario que se preocupa por la educación. La incongruencia es que al gobernador lo que menos le importa en su gobierno es la educación.
Podríamos, en este espacio, recordar cómo es que el gobernador ha desdeñado carreras universitarias como la de Derecho (que, por cierto, él estudió) o mencionar las ocasiones en que afirmó que lo más importante era que los jóvenes eligieran carreras que los convirtieran en fuerza de trabajo para empresas extranjeras.
Incluso podríamos señalar la forma en que su gobierno se ha caracterizado por obsequiar las rectorías de universidades estatales a sus compadres y comadres políticas, en detrimento de la administración interna de dichas escuelas.
Podríamos mencionar que el gobierno ignora a las escuelas que carecen de maestros, que acarrea alumnos a sus eventos proselitistas, que invade la identidad institucional de sistemas de Educación Media Superior, tiñéndolas de Verde, y que ataca abiertamente a entidades como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Podríamos hablar de todo esto, pero un evento que pinta de cuerpo entero a la administración Gallardista es el que mencionó durante el quinto informe: su deuda con la UASLP.Durante el quinto informe, el gobierno presumió que había transferido a la Autónoma un aporte por 206 millones de pesos y mencionó dicho pago como si de una transferencia extraordinaria se tratara.
El engaño cínico de mencionar dicha cifra es que el pago de 206 millones que entregó el gobierno no se hizo “en apoyo a la universidad”, ni para dar un recurso extra. No, ese pago fue para ponerse al corriente con la deuda de 208 millones de pesos que la administración arrastraba para noviembre del año 2025.
El gobierno de Gallardo Cardona pagó incompleto y tarde un recurso que ya estaba etiquetado para la universidad y que su administración jineteó para financiar cualquier cosa, menos a la universidad.
El hecho de que Gallardo Cardona presuma este pago, como si fuera un logro, cuando se trata de la evidencia más clara de su morosidad con la Universidad, es una desvergüenza gigantesca.
Presumir el cumplimiento tardío de una responsabilidad pactada en un acuerdo oficial es igual o peor que mentirle a los potosinos. No es un logro, es un recordatorio torcido de que al gobierno de San Luis Potosí no le importa la educación, y mucho menos la educación superior.
Algunos especularán que la saña económica con la que el gobernador trata a la UASLP se debe a que tiene algo contra el rector, o que se tiene una batalla secreta contra los grupos de poder internos de la Universidad. No habría idea más ingenua.
El gobierno trata con la punta del pie a cada entidad académica que puede. De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento con número 2024-A-24000-19-1667-2025, durante el ejercicio 2024, el gobierno del estado le entregó ministraciones incompletas a entidades académicas de nivel medio superior y superior como la UASLP, la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, la Universidad Intercultural, la Universidad Politécnica y la Universidad Tecnológica Metropolitana.
En entrevista, el rector Néstor Garza, de la Politécnica, negó que este año el gobierno haya acumulado más deuda; solo el tiempo y las auditorías de octubre lo confirmarán o desmentirán.
Entonces, de esa entidad no podemos saberlo; sin embargo, el tablero de cumplimiento de ministraciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) revela que, como es sabido, el gobierno adeuda 198 millones 1 mil 587 pesos a la UASLP y 6 millones 652 mil 525 pesos a la Universidad Intercultural.
Entonces tenemos un gobierno que, llegado su quinto año, presume la irresponsabilidad como si fuera un logro y, ante su historial de incumplimientos y omisiones, aspira a cerrar su sexenio como el enemigo público número uno de la educación en el Estado.
