Fernanda Durán
Este jueves en el Congreso de San Luis Potosí se presentaron dos iniciativas que plantean que agresores y deudores alimentarios no puedan ocupar cargos públicos de primer nivel, como la gubernatura, una alcaldía o una diputación.
Los diputados Alejandro Leal Tovías y Emma Idalia Saldaña Guerrero señalaron que ambas iniciativas son complementarias para restringir del servicio público a aquellas personas con antecedentes penales por violencia, hostigamiento, acoso o abuso y deudas alimentarias
De aprobarse estas iniciativas, los cargos públicos que deberán acreditar que no cuentan con estos antecedentes son: gobernador, oficial mayor, secretarios y los integrantes del gabinete ampliado; diputado; el fiscal general del Estado, así como los fiscales en Delitos Electorales y Anticorrupción.
También se añaden los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV).
Asimismo, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, magistrados supernumerarios, consejeros de la judicatura, miembros de ayuntamientos y candidatos a cargos públicos.
Dichas iniciativas reforman la Constitución Política de San Luis Potosí, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Atención de Víctimas, la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Ley Electoral, entre otras.
Ambas iniciativas se turnaron a las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis.
En cuanto a los deudores alimenticios, Leal Tovias informó que la propuesta tiene la finalidad de incentivar las obligaciones de aquellas personas que busquen un cargo público.
El diputado refirió que en 2022 San Luis Potosí registró 591 denuncias penales por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, por lo que insistió en la necesidad de aplicar las restricciones para realizar funciones de alto nivel.
