Por Victoriano Martínez
La revocación del oficio de la traición le fue notificada hace una semana al Comisariado Comunal de San Juan de Guadalupe, con lo que la suspensión de plano en el amparo, que se tomó como pretexto para incluir en el proyecto de decreto de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito un transitorio que excluía el proyecto Las Cañadas, ya no existe.
A pesar de que todo indicaría que el camino está libre para la más amplia protección ecológica de más de 109 mil hectáreas de la Sierra, no será hasta que el decreto esté firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que pueda considerarse un hecho, y se pase a una nueva etapa de embates para revertirla.
El oficio de la reivindicación tampoco se puede considerar en esta etapa previa del decreto como una solución definitiva. Es obvio que los desarrolladores inmobiliarios y los comuneros de San Juan de Guadalupe que están de acuerdo en entregarles parte de su territorio no se quedarán cruzados de brazos.
De entrada, la notificación del nuevo oficio es posterior a la publicación de un edicto en el Diario Oficial de la Federación en el que se convoca a quien sienta afectado alguno de sus derechos con el decreto de ANP para la Sierra a que manifieste ante la SEMARNAT lo que considere necesario. El edicto señala un polígono para la ANP que excluye la superficie del proyecto Las Cañadas.
Según el edicto, se incluyen 109 mil 638 hectáreas en el ANP, a las que se supone que ahora tendrán que incorporarle las mil 805 hectáreas recatadas con la revocación del oficio de la traición.
Un indicador más del desaseado trabajo de los funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que siempre manejaron 109 mil hectáreas a proteger, para no contradecir a la cifra señalada por López Obrador y, aun con la exclusión de las mil 805 del proyecto Las Cañadas, se las arreglaron para añadir zonas incluso que no pertenecían a la Sierra para no reducir el área.
Los Guardianes de la Sierra de San Miguelito iniciaron este domingo una colecta de firmas para pronunciarse conforme a lo plantado por el edicto e impulsar que la superficie rescatada con el oficio de la reivindicación se vuelva a incorporar en el polígono contemplado para el decreto. Un último y necesario empujón por parte de la ciudadanía en defensa de la ciudad.
Se trata de los movimientos previos a la publicación del decreto que declare ANP a la Sierra de San Miguelito, que aún podrían de alguna manera retrasar la declaratoria y, a la vez, muestran cómo los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que cedieron a las presiones dejaron cabos sueltos que podrían obstruir la protección.
El edicto publicado en el DOF los días 23, 24 y 25 de noviembre no sólo hará reaccionar por un lado a los empresarios del proyecto Las Cañadas y por el otro a los Guardianes de la Sierra de San Miguelito en torno a las mil 805 hectáreas, sino que podrían surgir inconformidades desde otros ejidos y comunidades dentro del polígono a proteger como reacción a omisiones de la CONANP.
Hoy que la emisión de la declaratoria para la Sierra parece inminente, está más latente que nunca que se comiencen a ver las consecuencias de un trabajo de funcionarios de la CONANP que no privilegiaron el interés público ni el compromiso presidencial para ceder a las presiones empresariales que denunció María Luisa Albores González, titular de SEMARNAT.
