José de Jesús Ortiz
El estreno reciente, en la plataforma de Netflix, del documental El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal, arroja múltiples elementos de análisis y lecciones sobre el papel de los medios de comunicación, reflejo de un periodismo pernicioso que nada aporta al ciudadano y que violenta de forma impune derechos humanos; pero también, expresa aspectos luminosos del valor del periodismo a partir de una perspectiva ética, que antepone la duda y el cuestionamiento como método de trabajo para intentar llegar a la verdad y reconstruir con rigor fragmentos de la historia y con ello denunciar las tropelías de los gobernantes.
Un caso, el de Florence Cassez e Israel Vallarta —registrado hace casi 17 años—, que sigue vivo, como un clavo ardiendo que quema en la piel de algunos de sus protagonistas, en particular de aquellos que contribuyeron al montaje mediático, central para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara la liberación de la ciudadana francesa por violaciones al debido proceso, además de reforzar con sus coberturas informativas el otro montaje que tiene que ver con la invención de testimonios y evidencias para inculpar a los detenidos, uno de ellos aún en la cárcel sin sentencia condenatoria.
Más allá de sus implicaciones estrictamente judiciales que reflejan las deficiencias y la corrupción en el sistema de procuración e impartición de justicia, quizá como pocos, este caso exhibe lo peor de la prensa mexicana, sobre todo de los medios hegemónicos que legitimaron la versión oficiosa de aquel suceso, funcional a los intereses del poder en turno durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Un periodismo socialmente lesivo, coludido con el poder, cómplice de sus excesos y arbitrariedades a cambio de favores y prebendas de todo tipo. En buena medida, eso es lo que representa el caso Cassez desde la dimensión comunicativa.
A lo largo de los cinco capítulos de esta docuserie (un híbrido del documental y elementos de ficción o recreación propios de las series televisivas), desfilan una larga cantidad de testimonios: desde la voz de Florence Cassez, su hermano Sebastien y sus padres, pasando por familiares de Israel Vallarta (en particular su hermana Guadalupe); periodistas que han dado una cobertura excepcional al caso como Yuli García, Emmanuelle Steels, Laura Barranco o José Reveles, hasta sus antípodas como Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah; también aparece, el empresario Eduardo Margolis, un oscuro personaje ligado al servicio de inteligencia israelí, el Mosad, y quien de acuerdo a las evidencias que aporta el documental desempeña un papel central en todo el caso; así como abogados de los implicados, ministros y exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los expresidentes Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy, entre muchos otros.
Todo ello le confiere una gran riqueza testimonial al trabajo difundido por Netflix, basado en el libro de Jorge Volpi, Una novela criminal, que a su vez se apoya de manera principal en la investigación de la periodista belga Emmanuelle Steels, autora del libro El teatro del engaño (2015), corresponsal en México del periódico Liberation y quizá una de las periodistas que ha investigado de manera más exhaustiva dicho caso, junto con el propio Volpi y el periodista mexicano José Reveles, con una larga trayectoria de apoyo a diversas causas sociales.
Es justamente el trabajo de Steels, Yuli García, Laura Barranco, Reveles, entre otras y otros, la parte luminosa del ejercicio periodístico que también refleja ese caso, pues desde sus espacios y a contracorriente de las versiones oficiales antepusieron la duda (principio socrático, al fin de cuenta), el cuestionamiento, la verificación y el contraste de fuentes, como elementos imprescindibles para investigar e intentar llegar a la verdad distorsionada por el montaje mediático.
No es poca cosa lo anterior: en la época violenta del gobierno de Felipe Calderón, con la unanimidad como norma en la mayoría de los medios de comunicación a partir de sus acuerdos y complicidades con dicho régimen, así como el poder avasallante y siniestro que encarnaba Genaro García Luna, artífice del montaje —como director de la Agencia de Investigación Criminal y luego de la Secretaría de Seguridad Pública—, disentir de las versiones oficiales fue un valor y un atributo muy escaso en la prensa mexicana. Es conocida la amenaza de García Luna a don Julio Scherer García, el gran referente del periodismo insumiso en México, a quien pretendió encarcelar y llamar a comparecer para que diera detalles de la entrevista que había sostenido con Ismael El Mayo Zambada, la cual apareció en abril de 2010 en la portada de la revista Proceso. “No soy un delator”, respondió el periodista.
Las evidencias que arroja la producción de Netflix, como antes lo hizo otro documental menos conocido, Duda razonable (2014), dirigido por Daniel Ruiz, permiten entender en términos generales y de manera sólida la naturaleza del montaje mediático (para lo cual se dedica de manera íntegra el capítulo dos). Por su relevancia, pone énfasis en el papel desempeñado por Televisa a través del noticiero conducido por Carlos Loret de Mola y la cobertura del Pablo Reynah, quien estaba “prácticamente en vivo” en el lugar de los hechos para entrevistar a los implicados y quizá más que eso, como ha planteado Emmanuel Steels, quien desde 2014 recogió testimonios de Israel Vallarta en los que denuncia las agresiones físicas por parte del reportero para que confesara los delitos que le imputaban como supuesto jefe de la banda de secuestradores denominada Los Zodiaco, una banda claramente inexistente.
También, desde la transmisión misma del montaje, Laura Barranco, como parte de la producción del noticiero televisivo que conducía Loret de Mola, le advirtió a éste en sucesivas ocasiones que al exhibir a los detenidos se violentaba la presunción de inocencia y al estar implicada una ciudadana francesa el caso podría escalar, con repercusiones mayúsculas. “¡Para ya!”, le espetó de forma reiterada a través de un chat interno del noticiero, el cual Loret respondió con fastidio para dejarle en claro que no le haría caso.
En el documental, Loret de Mola —hoy convertido por diversos segmentos en un paladín de la libertad de expresión, un Zarco moderno—, aparece como un conductor de noticias que insiste en que al momento de la transmisión televisiva simplemente no se dio cuenta que todo aquello era un montaje. “Fue el peor día de mi vida laboral”, dice consternado. Otros testimonios, entre ellos el de Jesús Magaña, Jefe de Información de ese noticiero cuando se da la transmisión del montaje, recuerdan a Loret gozoso con la noticia, diciendo “esto está chingón”, pidiendo a los agentes de la AFI que repitieran la formación antes de ingresar al rancho Las chinitas, donde supuestamente estaban Cassez y Vallarta. En el mismo sentido se ha pronunciado Yuli García, la reportera que descubrió y denunció el montaje mediático en un reportaje para el programa televisivo Punto de partida, que conducía Denise Maerker.
También, a lo largo de todos estos años, Steels ha documentado la existencia de otro montaje realizado a través de todo un entramado legal, con la invención de evidencias para criminalizar a Vallarta como supuesto jefe de la banda del Zodiaco y algunos de sus familiares (dos de ellos aún en la cárcel por el mismo caso), sin que hasta ahora haya sido probada su culpabilidad. Un principio jurídico elemental establece que quien acusa debe probar, nada de ello ha sucedido luego de casi 17 años.
Desde una perspectiva ética de la comunicación, los periodistas/comunicadores que contribuyeron a la construcción del montaje mediático, tienen una responsabilidad directa que no pueden eludir. Su cobertura informativa contaminó y afectó el debido proceso, vulneró la presunción de inocencia de los detenidos, pero también reforzó y legitimó la agenda en materia de seguridad del gobierno en turno. Ejemplo de un periodismo sin contraste de fuentes, ni verificación, adicto a las versiones oficiosas generadas desde las áreas de comunicación social de las dependencias públicas.
El Código de Ética Periodística de la Unesco publicado en 1983, plantea en su primer artículo/principio que el público tiene el derecho a una información verídica, por medio de una información precisa; el principio dos refiere a la adhesión del periodista a la realidad objetiva; el principio tres alude a la responsabilidad social del periodista, partiendo de que “la información se comprende como un bien social y no como un simple producto”. Principios todos ellos pisoteados en coberturas informativas como la del caso Cassez y la de muchos otros casos como el de la inexistente niña Frida Sofía, durante los sismos de 2017, en el que también intervino Loret de Mola y Televisa; a nivel local, un caso reciente lo fue el supuesto rescate, en un basurero cercano a Rioverde, de la niña Mya Fernanda por parte de agentes de la extinta Policía Federal.
A casi 17 años de ocurrido el montaje mediático Cassez-Vallarta, es finalmente un caso de estudio que de manera muy clara exhibe la importancia de contar con referentes éticos y una perspectiva de derechos humanos en el trabajo periodístico, algo que parece importar muy poco a los medios corporativos que en su mayoría conciben la información como una simple mercancía, entre más escandalosa más vendible y con mayores likes e interacciones que incrementan el valor de su producto.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue reportero fundador de los diarios El Ciudadano Potosino y La Jornada San Luis, así como la revista Transición. Participó como becario de la Fundación Prensa y Democracia para realizar un programa académico en la Universidad Iberoamericana. Es autor del libro La batalla por Cerro de San Pedro, sobre la lucha social contra la Minera San Xavier. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Mesoamericana y la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
