Fernanda Durán
El Congreso del Estado votó este miércoles las iniciativas correspondientes a las acciones de inconstitucionalidad que originaron la Consulta a Personas con Discapacidad 2023, ya que contaban con una fecha límite de resolución este 7 y 8 de junio.
Ambas iniciativas se dictaminaron el pasado 31 de mayo, pero una de ellas fue marcada como improcedente.
Con 27 votos a favor, determinaron como improcedente la reforma que adiciona el Título Primero del Capítulo IV de la familia de los usuarios, y el articulo 4 BIS de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, misma que fue impugnada por la acción de inconstitucionalidad 81/2021.
La reforma publicada en el periódico oficial el 13 de abril de 2021 pretendía crear obligaciones directas para las familias de las personas con discapacidad psicosocial.
Respecto a la otra reforma, que resultó en la acción de inconstitucionalidad 274/2020, las y los legisladores aprobaron con 25 votos a favor la iniciativa que reformó el artículo 40 y derogó la fracción XVIII del artículo 11 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios.
Con esto se establece que los lugares de estacionamiento designados para personas con discapacidad no podrán utilizarlos aquellas personas que se encuentran con alguna discapacidad temporal. La modificación al artículo 11 suprime la facultad de la Secretaría de Salud de extender constancias para acreditar la discapacidad temporal que otorgaba el acceso al derecho de uso exclusivo de las personas con discapacidad.
La consulta a personas con discapacidad se llevó a cabo del 28 de abril al 22 de mayo y participaron 5 mil 16 personas, en cumplimiento a las acciones de inconstitucionalidad dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió que este sector de la población no fue consultado para la elaboración de ambas leyes.
En las intervenciones en tribuna previas a la votación, la diputada Bernarda Reyes Hernández pidió que los resultados de la consulta sean enviados al DIF estatal para que las opiniones recolectadas sean tomadas en cuenta en la planeación y trabajos de la dependencia.
