Por Victoriano Martínez
No es nada nuevo ni de lo que no se hubiera hablado antes: las áreas naturales protegidas y las que deben protegerse se encuentran permanentemente bajo el acoso de la depredación inmobiliaria que privilegia el lucro –mientras sea mayor, mejor– por grupos de poder económico que no dudan en confabularse con servidores públicos dispuestos a colaborar con ellos.
Una ecuación en la que no sólo queda como botín a lograr el aprovechar áreas ecológicas para desarrollos urbanos de mucha plusvalía, sino que comuneros y ejidatarios se vuelven blanco para ser despojados de sus tierras con un beneficio mínimo para multiplicarlo por miles a favor de los empresarios, a quienes se suele llamar barones del cemento.
Tras la denuncia sobre el intento de que el decreto para declarar Área Natural Protegida la Sierra de San Miguelito con un proyecto a modo para favorecer a los desarrolladores del proyecto Las Cañadas, las revelaciones de María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vienen a confirmar lo que eran secretos a voces.
El oficio de la traición, firmado por César Sánchez Ibarra, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, fue reconocido por Albores González como un gran error en el proceso de definición de la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito. Una postura que coloca al funcionario como negligente, pero…
La propia titular de SEMARNAT, en la entrevista con Julio Hernández López este viernes, revela la existencia de una gran presión por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Una presión que abre la puerta a la otra posibilidad: una negligencia fingida al servicio de los intereses de quienes ejercen esa presión.
Entre una negligencia –fingida o no– y maniobras calculadas como el proyecto de decreto a modo, al final las determinaciones de la autoridad pueden perfectamente prestar el servicio que los grupos de poder económico requieren para sus negocios.
Un caso extremo se dio a finales de agosto de 2018 en el que una “confabulación” de ese tipo se dio con el mismo personaje, Ricardo Gallardo Juárez, en los dos papeles: como presidente municipal votó a favor de cambiar el uso de suelo a terrenos dentro de la ANP Paseo Camino a la Presa para un desarrollo inmobiliario en el que, como particular, tenía intereses económicos.
El camino de la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito, a partir de que el 24 de mayo de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por su protección, ha estado bajo el acoso de los intereses de los fraccionadores y se ha manifestado de diversas maneras.
Los casos extremos han sido el oficio de la traición en julio pasado y el proyecto de decreto a modo del desarrollo Las Cañadas por la vía de un transitorio denunciado esta semana. Este último revela hasta dónde puede llegar la influencia de la presión de los grupos de poder económico.
En ambos casos, se pretendió involucrar a López Obrador en determinaciones que contradicen el compromiso que hizo en la Plaza de los Fundadores hace dos años y medio.
El primero generó la controversia que se dirimió en La Mañanera del 28 de julio y que dio pie a un renovado compromiso presidencial para anteponer el interés público y de la nación incluso a la determinación que pudiera tomar la asamblea comunas de San Juan de Guadalupe. Un doloroso revés para los empresarios inmobiliarios.
El de esta semana, el intento de decreto a modo, ya provocó una reacción que da continuidad a la postura de López Obrador de hace cuatro meses: el anuncio de Albores González de que se dejará sin efecto el oficio de la traición y, como consecuencia, se reincorporan las mil 805 hectáreas al polígono considerado para el decreto de Área Natural Protegida.
Una continuidad que da cuenta de que los grupos económicos que ejercen presión no se cruzaron de brazos tras el revés del mes de julio y, por lo tanto, tampoco habrán de quedarse inmóviles tras los anuncios de la titular de SEMARNAT hechos este viernes. Los riesgos siguen latentes.
Si de las declaraciones de Albores González revelan que han tenido que resistir esas presiones que han logrado maniobras como las dos mencionadas, el estado de alerta de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito y los demás grupos de activistas debe estar más activo que nunca en este periodo de inminente declaratoria de la ANP.
