Por Victoriano Martínez
Después de la grave exhibición de falta de empatía con las víctimas que dio la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado el pasado viernes al abrirse a escuchar a María de Jesús Armendárez Prieto, Mary Chuy, para exponerles su caso, poco se podía esperar de la Comisión de Gobernación en la determinación sobre la terna para elegir a titular de la CEEAV.
La situación de las víctimas suele ser de tal vulnerabilidad que repercute en una autolimitación para expresar y promover públicamente sus exigencias de justicia de manera que pudieran alcanzar la atención mediática, y los ejemplos están a la orden del día.
Tan sólo el caso Debanhi Escobar en Monterrey ha provocado movilizaciones en todo el país para exigir justicia para las miles víctimas cuyos casos por no ser mediáticos no significa que no existan.
Aquí mismo, en septiembre de 2019, un grupo de víctimas logró organizarse para realizar un plantón que duró 40 días frente a la CEEAV (Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas) por no ser atendidas debidamente.
Durante el lapso que se mantuvo el plantón, pasaban a visitarlos de 10 a 20 víctimas diarias que le planteaban sus casos a quienes se mantenían en él, pero optaban por no acompañarlos por temor. Efectos de la vulnerabilidad de ser víctimas.
Un plantón que no concluyó por haber logrado un cambio en la CEEAV, sino porque el entonces secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, operó para un desalojo en el que intervino la fuerza pública.
Una víctima que exija justicia, mientras lo haga con mayor persistencia, se vuelve enemiga de la autoridad en tanto la negligencia de ésta para resolver sus casos los exhibe.
En los últimos días, víctimas de Noria de San José y la propia Mary Chuy presentaron escritos al Congreso del Estado para cuestionar los antecedentes de dos integrantes de la terna para elegir comisionado Ejecutivo de la CEEAV: a Miguel Ángel García Amaro y a Erika Betzabé Martínez Ledezma.
Las de las víctimas de Noria de San José y de Mary Chuy pudieran parecer voces aisladas, pero no se debe ignorar que se trata de una lucha que tiene 6 y 9 años respectivamente y durante ese periodo han documentado a través de recomendaciones de las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos y hasta de resoluciones de amparo, la mala actuación de funcionarios de la CEEAV.
Tampoco se deben dejar pasar los testimonios que han quedado registrados no sólo en medios de comunicación por parte de otras víctimas, sino de igual modo en recomendaciones y juicios de amparo, para tener en cuenta a la hora de evaluar a los candidatos a encabezar la atención a víctimas que pudieran sentirse agraviados por sus antecedentes.
Tan ha faltado empatía a los funcionarios de la CEEAV que uno de los policías de la puerta de sus oficinas celebró que lo hubieran cambiado a otra dependencia porque se había convertido en paño de lágrimas de las víctimas que acudían a él para lamentarse por la desatención de que eran objeto. “Me da más pena a mí con las víctimas que a los jefes”, comentó.
Se trata de circunstancias que no sólo exhiben la gran falta de empatía de los integrantes de la Comisión de Gobernación para con las víctimas en general, no sólo de aquellas que se atrevieron a manifestarse agraviadas, sino el sometimiento a la voluntad del Ejecutivo sin importar re victimizar a quienes de por sí ya fueron afectadas incluso con violencia institucional.
Un agravio más a las víctimas y una sumisión al gobernador para la que, adicionalmente, dejan ver un preocupante nivel de descuido en el cumplimiento de sus obligaciones que, en el caso, exige indagar sobre los antecedentes de los propuestos para garantizar que reúnan el perfil y –sobre todo– que sean bien vistos por la población a la que estarán obligados a atender.
La Comisión argumenta que la Contraloría General del Estado no le ha notificado nada sobre los candidatos cuestionados y mientras no se les notifique una sanción, que las víctimas se quejen no cuenta.
Es decir, si el resultado de las indagaciones a las que están obligados para garantizar una buena selección de un servidor público no les llegan por obra y gracia de la voluntad ajena, su negligente sumisión los puede llevar a avalar hasta a quien peor pudiera desempeñar el cargo.
Nueve y seis años de desgaste en la lucha por justicia de un grupo de víctimas enfrenta un embate más de una violencia institucional hoy operada por la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, que se muestra incapaz de trabajar como verdaderos representantes populares.
La próxima semana el dictamen se turnará al pleno. Entonces se volverá a poner a prueba si los 27 diputados son lacayos del gobernador o si auténticamente representan los intereses de la población. Hasta ahora han superado con creces el nivel de lacayos de sus antecesores de anteriores Legislaturas.
