Fernanda Durán
Después de años de requerimientos por el incumplimiento de una sentencia laboral, el Congreso del Estado dio por concluido este jueves 27 de agosto el procedimiento de responsabilidad relacionado con el Ayuntamiento de Tampacán, luego de que se acreditó que finalmente fue pagado el laudo a favor del ex policía municipal Vicente Correa Andablo.
Las comisiones unidas de Gobernación y Primera de Justicia, constituidas para atender el procedimiento, sesionaron nuevamente de manera privada y determinaron desecharlo al considerar que quedó cumplida la sentencia que había originado la intervención del Poder Legislativo.
Al concluir la reunión, el diputado Rubén Guajardo Barrera confirmó:
“Es un Juicio de Responsabilidad Administrativa en contra de un Ayuntamiento por un laudo laboral, el cual ya se comprobó que sí se cumplió con el (pago) del laudo y este Juicio de Responsabilidad pues ya se desechó”.
Guajardo Barrera evitó identificar públicamente al municipio debido al carácter reservado de la sesión, aunque precisó que se trata de un ayuntamiento de la Huasteca y que la decisión se tomó porque ya fue atendido el mandato del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
No obstante, hace un par de meses se pudo conocer que el asunto corresponde al expediente 440/2012/2, promovido por un ex policía municipal contra el Ayuntamiento de Tampacán. Posteriormente, obtuvo una sentencia definitiva desde el 21 de febrero de 2013 para recibir un pago superior a los 250 mil pesos, pero su cumplimiento se prolongó durante años y atravesó distintas administraciones municipales.
El caso llegó formalmente al Congreso después de que, mediante un acuerdo del 8 de marzo de 2021, el TEJA decretó el incumplimiento de aquella sentencia y ordenó remitir al Poder Legislativo copia certificada del juicio para proceder conforme al artículo 100 de la entonces vigente Ley de Justicia Administrativa del Estado.
El expediente fue enviado mediante el oficio TEJA/2SU/54/2021/ES, fechado el 21 de abril de 2021 y firmado por Manuel Ignacio Varela Maldonado, entonces magistrado de la Segunda Sala del TEJA. Desde entonces, el Congreso quedó involucrado en el procedimiento derivado de la falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento.
El asunto permaneció sin resolverse incluso durante el cambio de Legislatura. A principios de 2026, las comisiones legislativas retomaron su revisión debido a un nuevo requerimiento judicial y posteriormente solicitaron informes al Ayuntamiento y al propio tribunal para conocer si el pago continuaba pendiente antes de determinar responsabilidades.
En junio, el Congreso todavía buscaba una salida mediante el cumplimiento de la sentencia antes de avanzar hacia eventuales responsabilidades. Guajardo Barrera señaló entonces que la intención era privilegiar un acuerdo con el Ayuntamiento.
El procedimiento abarcó un conflicto que sobrevivió a varias administraciones municipales desde que comenzó el litigio en 2012. Entre ellas estuvieron las administraciones encabezadas por Christian Joaquín Sánchez Sánchez ahora titular de Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (Cefim), Nicasio Martiniano Dolores, Filemón Hilario Flores, la diputada Brisseire Sánchez López y la gestión actual de Santiago Rodríguez Posadas.
Con la acreditación del pago, las comisiones determinaron que ya no existe el incumplimiento que dio origen al procedimiento. Sin embargo, existen al menos otros dos procedimientos derivados de conflictos laborales iniciados desde 2012 contra el Ayuntamiento de Tampacán; uno de ellos es el expediente 455/2012/2, que las mismas comisiones revisaron en junio pasado. Hasta ahora no se ha informado que estos dos asuntos hayan concluido en los mismos términos.
