Astrolabio

Por Victoriano Martínez

En los primeros cuatro meses de este año se registró un incremento del 21.95 por ciento en el número de atrocidades cometidas en el Estado, de acuerdo con el recuento que realiza la organización Causa en Común.

Un recuento que, con el atroz hallazgo de siete cadáveres en Aquismón, llega al medio centenar. Nueve más que los cometidos durante el mismo periodo de 2021.

Una secuencia de información que, indudablemente, se convierte en un duro golpe a la imagen de un gobierno con especial predilección por el lucimiento vía la pachanga, la propaganda efectista con presuntas medidas “sin precedentes” como la Guardia Civil, pero sin que pueda mostrar avances reales por abatir la inseguridad y cumplir su promesa de “vivir sin miedo”.

¿Hasta dónde la reacción gubernamental busca atender de fondo los problemas de seguridad exhibidos por esa creciente cadena de atrocidades, o sólo se trata de una respuesta que reacciona en contra del efecto negativo en su imagen, con posturas características de estrategias de comunicación que se conocen como “control de daños”?

“Sean de donde sean, nosotros no tenemos que permitir que nos vengan y nos tiren muertos ni a la Huasteca ni al Altiplano”, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras asegurar que los muertos no son de San Luis Potosí, porque los vinieron a tirar desde Veracruz o de Hidalgo.

Una visión tan deshumanizada sobre las consecuencias de la criminalidad que se vive en el país, que poco faltó para que Gallardo Cardona anunciara una magna obra más: en los límites estatales de todas las carreteras se colocarán letreros de “Prohibido tirar cadáveres en este Estado”, cual si se tratara de una basura que afea el entorno y que aquí no existiera.

Una postura que pretende convencer de que en el Estado no ocurren tantos homicidios, en un afán de contradecir a los hechos, apenas a dos semanas de que San Luis Potosí figuró entre los estados con mayor número de ejecutados, con 14 entre el 22 y 23 de mayo.

Tampoco se debe ignorar que, de manera extraoficial, fuentes de las corporaciones policiacas informaron al diario Reforma sobre la posibilidad de que los ejecutados correspondan a un grupo de personas secuestradas en el municipio de Rayón.

“En Villa de Ramos y Santo Domingo, la matanza era de Zacatecas y venían y los tiraban a San Luis Potosí y eso aumentaba el número de muertos en San Luis Potosí, blindamos esa frontera con Zacatecas y ya no hemos tenido nada de acontecimientos, ahora tendremos que blindar a Hidalgo y Veracruz para que no se nos vengan para acá”, agregó Gallardo Cardona.

“Aumentaba el número de muertos en San Luis Potosí”, lo apunta como la preocupación inicial, como si las vidas de quienes son ejecutados dentro y fuera del estado carecieran de importancia. O aún peor, la única importancia que tienen es que en las estadísticas sobre inseguridad lo mejor es que aparezcan en otro lado.

Una intención por minimizar las consecuencias adversas que la información sobre el creciente número de ejecutados que aparecen en el territorio potosino pudiera tener en la imagen de un gobernador que anhela promoverse como el mejor del país, cuando un día queda exhibido como reincidente violador de la Constitución y al otro resta importancia a la muerte de siete personas.

Un control de daños a golpe de declaraciones antes que de acciones, en el que se pretende insertar con calzador la narrativa de la herencia maldita. Un “control de daños” determinante para la acción de un gobernador cuya marca distintiva es la proyección de imagen, aunque propaganda no mate inseguridad.

Un aumento del 21.95 por ciento en el número de atrocidades durante los primeros cuatro meses del año está muy lejos de ser la inercia de lo que así recibieron, y mucho más cerca de exhibir que en más de ocho meses no han sido capaces de poner en marcha una estrategia cuando menos de contención.

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